El pasado 30 de septiembre, en la ciudad de Los Ángeles tuvo lugar un fenómeno que quizá pasó desapercibido para el resto del país. Se suscribió la escritura pública de constitución de la Junta de Vigilancia de la Cuenca del Río Biobío.

La especulación en materia de aguas dejó de ser un negocio rentable, y este proyecto grava de forma inmisericorde a quien detente derechos y no los emplee en labores productivas o de bebida.

Además de incómoda, la norma parece injusta desde que dos industrias idénticas situadas en suelos equivalentes desde el punto de vista de planificación territorial, no tendrán las mismas exigencias si una tiene receptores y la otra no.