No se establece ningún deber de cada uno con los demás y con la comunidad. Pareciera que somos individuos sin vínculos sociales que nos obliguen más allá de los más evidentes como padres, encargados públicos, proveedores, etc. Y esto no queda compensado por las referencias a la solidaridad en la organización territorial o fiscal que contiene el texto propuesto, las que están básicamente referida al orden estatal. La propuesta, se desmarca de la Declaración Universal, pero también de una rica tradición latinoamericana que ha ubicado a los deberes como elementos básicos del orden democrático y como correlatos de los derechos.

Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes; no obstante, debemos necesariamente tener en cuenta los efectos que eso trae consigo para todo el resto.

Esta dimensión colectiva de los derechos humanos, asociada al bien común, es la que parece ignorar el Tribunal Constitucional cuando declara la inconstitucionalidad del artículo 63 que prohibía la participación de un contralor lucrativo en una institución educacional.