El 12 de Julio de este mes en curso, es la fecha límite para que las organizaciones de la sociedad civil chilena, envíen sus informes alternativos al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, para el examen periódico universal del Estado de Chile, el cual tiene lugar cada cinco años en Ginebra. Sin embargo, este relevante evento ha sido apenas difundido en la página oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, y menos aún en los medios de prensa y las redes sociales.
La situación actual de los Derechos Humanos, en especial la delicada situación que afecta al Instituto Nacional de Derechos Humanos, debido a la dilación que ha habido por parte de la Corte Suprema en pronunciarse sobre la presunta ilegitimidad en la remoción de su ex Director y actual Consejero, señor Branislav Marelic; tendrá indudablemente un capítulo especial en los informes alternativos de la sociedad civil chilena al máximo organismo de la ONU, principalmente porque el INDH, cuenta con un marco legal que no se adecua de forma óptima a los Principios de Paris y a las observaciones generales 1.9 y 2.2 del Subcomité de Acreditación Internacional de INDH y en donde parecen haber conflictos de intereses que afectan su plena independencia, imparcialidad y confianza pública.
Prueba de ello, fue una solicitud de acceso a la información pública mediante la Ley Transparencia en donde se informó que en Diciembre de 2013, la Dirección del INDH de aquel entonces, firmó un Convenio con el Fondo Social Europeo de 604 mil euros, alrededor de 500 millones de pesos, para la promoción de los derechos humanos y fortalecimiento de la sociedad civil en Chile, en el cual se otorgó el rol de Socio a una organización de la sociedad civil que promueve la Justicia de Género, asignándosele una subvención del Fondo Social Europeo de 110 mil euros, unos 85 millones de pesos y sin haberse tenido en debida consideración; que la presidenta y representante legal de la organización señalada, es una Consejera del INDH designada por el Senado del Parlamento de Chile. Elegida el 2012 y re electa el 2013 hasta el 2019.
La presidenta y representante legal de esta importante organización de Justicia de Género, recibió 35 mil euros unos 24 millones de pesos de Fondo Social Europeo por doce meses de prestaciones de servicios profesionales a honorarios, a pesar de ser una consejera gubernamental del INDH designada por el Senado y bien retribuida remunerativamente en su calidad de funcionaria pública de una institución independiente del Estado de Chile como es el INDH.
La información proporcionada por ley de transparencia; desveló además, que se utilizaron al menos 15 mil euros, unos 12 millones de pesos, de Fondo Social Europeo, por concepto de dietas y viajes al extranjero a organismos internacionales de derechos humanos, para la presentación de exposiciones y entrega de informes alternativos de esta organización de Justicia de Género ante la ONU en Ginebra y Nueva York, en donde participaron poderosas organizaciones del área de infancia con fuertes vínculos corporativos con el Estado de Chile y que han sido cuestionadas por presuntas violaciones de los derechos humanos de la infancia bajo tutela del Estado.
A raíz de las irregularidades acontecidas en el funcionamiento del INDH, se realizó una denuncia al Subcomité de Acreditación Internacional de INDH y a la Agencia Antifraude de Europa – OLAF, esta última por presunto conflicto de interés real o perceptible, en la subvención del fondo social europeo al INDH, al designarse Socio en la gestión integral del fondo europeo a una organización de justicia de género, cuya presidenta y representante legal es una consejera gubernamental del INDH, nombrada por el Senado.
La Agencia Europea Antifraude OLAF, estimó que no hubo indicios de fraude o conflicto de interés, sin embargo es importante señalar que el marco jurídico y administrativo que regula OLAF es muy limitado y de momento no existe normativa internacional por parte de la Alianza Global de INDH- GANHRI y el Subcomité de Acreditación internacional de INDH, en lo concerniente a una regulación especifica sobre la entrega de subvenciones del Fondo Social Europeo o de cualquier otro fondo de ayuda internacional humanitaria para los consejeros gubernamentales y no gubernamentales de los INDH por prestaciones de servicios profesionales para la promoción de sus propias organizaciones ante organismos internacionales de derechos humanos.
Pese a ello, las organizaciones de la sociedad civil chilena sin vínculos corporativos con el Estado de Chile,, están evaluando realizar un planteamiento de observaciones ante el Defensor del Pueblo de Europa y la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, sobre la necesidad de crear un marco legal internacional que prohíba que los Fondos Sociales Europeos financiados de buena fe por los contribuyentes europeos, sean entregados a miembros gubernamentales o no gubernamentales de los INDH, incluyendo organizaciones de la sociedad civil de las cuales los miembros en pleno del INDH, sean sus presidentes o representares legales, lo cual viola de forma grave la garantía de independencia, imparcialidad y credibilidad pública, estipulados en los Principios de Paris a lo cual están adscritos los INDH.

Myriam del Canto

Trabajadora Social