Ni el país faro más grande del mundo EE.UU pudo prevenir el 11-S, atentado suicida a las torres gemelas de Nueva York  que no sólo destruyó el complejo edificio del World Trade Center, sino que el impacto de los dos aviones secuestrados por miembros de Al Qaeda causó la muerte de más de 3.016 personas y centenares de heridos.

El enemigo rompió con los sistemas más sofisticados de seguridad tecnológica, que motivó fuera de las normativas para reprimir, la implementación de la doctrina “al enemigo impredecible en violencia hay que atacarlo en su país”(Pakistán falleció Ben Laden 2-5-2011).

La noción contemporánea de terrorismo apareció en 1876, referido al uso de métodos de terror por individuos o grupos contra el Estado en la aplicación de una ideología anarquista.

A partir del siglo XXI es un tipo de violencia cuyos efectos psíquicos y escalada suicida contra una determinada población, resultan notoriamente desproporcionados con relación a las consecuencias de daño físico personales y materiales. Además, que el terrorismo tiene la característica sistemática e impredecible por estar dirigido a blancos seleccionados y hasta simultáneos en espacios geográficos diferentes.

Entonces, hablar del fenómeno indeseable no es algo nuevo, ni es el  enemigo único, porque siempre va acompañado de otros componentes encubiertos como el tráfico de armas y el narcotráfico, que sin duda financian sus métodos de ataque deliberado en contra de inocentes con el fin de sembrar el terror,  desestabilizar dramáticamente a un gobierno o bien, causar una campaña de desinformación ideológica permanente para derrocar al gobierno.

La Convención Americana contra el terrorismo (CACT) de 6 de marzo de 2002 y que entró en vigor el 7 de octubre de 2003 en su artículo 2 establece los casos de terrorismo y en el artículo 4 determina que cada Estado, de acuerdo con sus disposiciones constitucionales, deberá establecer un régimen jurídico para: prevenir, combatir y erradicar la financiación del terrorismo, aplicando medidas de cooperación internacional efectiva, supervisión de bancos e instituciones financieras, vigilancias de movimientos transfronterizos de dinero en efectivo,  recopilación y análisis de información relevante sobre lavado de dinero y financiación del terrorismo, congelamiento, embargo y, en su caso, proceder de inmediato al decomiso de los fondos u otros bienes que constituyen el producto de la consumación del delito.

Cuando el país comienza a vivir aires de democracia luego de 21 días de resistencia y manifestaciones pacíficas en las calles y producida la renuncia de Evo Morales y la escalada de dimisión de ministros, legisladores y autoridades de su entorno (10 de noviembre de 20199), lamentablemente la instigación a la violencia, quemas de bienes del Estado y particulares y el cerco para impedir el ingreso de alimentos a las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz y otras regiones fueron instruidas desde el asilo del exgobernante (Capital Federal de México), pero la instrucción macabra e inhumana no sólo parece haber sido transmitida a Faustino Yucra; sino que como onda expansiva se ejecutaron por terroristas  que invadieron nuestro país con el salvoconducto del gobierno (Evo Morales, García Linera, Juan Ramón Quintana) en conexión con  Nicolás Maduro y  Diosdado Cabello autores intelectuales de la situación caótica.

El Director de la Felcc de Santa Cruz en el diagrama descrito el lunes 2 de diciembre, confirma la presencia de una organización criminal en Bolivia, siendo los ejecutores de los actos de terrorismo e incendios, Oscar Martín Serna  (peruano del MRTA), Facundo Molares (argentino miembro de la FARC), Oswaldo Rivero Curvelo (venezolano terrorista informático), Pedro Nel Carvajalino Amaya (colombiano terrorista informático) y Ana Rodríguez de la Rosa, hija del comandante de Ejército de Venezuela Alexis Rodríguez Cabello.

Ahora bien, el enfoque de la prioridad de la democracia que propone el gobierno constitucional de transición, es cumplir con nuevas elecciones transparentes, con un órgano electoral confiable y la pacificación definitiva del país; sin embargo, no puede hacer abstracción del cambio social, político para comprender la multiplicidad de factores económicos, jurídicos y esencialmente la clave de combatir el terrorismo y el narcotráfico hasta erradicarlos. ¿Por qué hasta la fecha el Estado no toma control del Aeropuerto de Chimoré que sirvió de medio ilícito para el tráfico de toneladas de droga semanales desde el 15 de octubre de 2015? Y  cómo se explica que no se de aplicación inmediata a los arts. 12 y 13 de la (CACT) para congelar, embargar y decomisar fondos y bienes financieros destinados al terrorismo y narcotráfico, si no caben denegaciones en estos tipos de delitos para refugiados y asilados o ¿Gozan de inviolabilidad e impunidad los insidiosos de éstos delitos?

El Profesor de Ciencia Política de la Universidad Pompeu y Fabra dice: “No es tiempo del acomodo de la minoría en el conjunto del Estado, sino de un Estado que se reivindica constitucionalmente y mayoritariamente legítimo”.

 

Pedro Gareca Perales

Abogado constitucionalista y defensor de DDHH.