En 2017 el portal Web Diario Constitucional publicó mi columna "Venezuela, ruptura del orden constitucional". En aquel texto traté de explicar la confusa situación institucional de mi país, eran recientes los fallos 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, una de tantas arremetidas autoritarias contra el Poder Legislativo.
El 14 de julio de 2020 la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los DDHH, publicó un nuevo informe sobre Venezuela en el cual se documenta la debacle institucional.
Algunos datos que preocupan a ACNUDH sobre el sistema de justicia venezolano son:
-Solo 25 % de los jueces son titulares, lo que compromete el principio de independencia judicial.
-13 magistrados del Tribunal Supremo accedieron a sus cargos de forma irregular y sin cumplir los requisitos mínimos.
-Entre diciembre de 2015 y mayo de 2020 el Tribunal Supremo pronunció 127 sentencias contra actuaciones del Poder Legislativo. Entre estas, la de ratificación del diputado Luis Parra como presidente de la Asamblea Nacional, sin verificación del quorum necesario para su elección. Este hecho fue calificado nacional e internacionalmente como un nuevo golpe al parlamento.
-Desde marzo de 2017, 29 diputados de la oposición han sido sometidos a persecución judicial sin levantar su inmunidad conforme al procedimiento constitucional. Algunos se encuentran en prisión, en la clandestinidad o en el exilio.
-Continuo uso de la jurisdicción militar para enjuiciar a civiles. Destaca la situación del dirigente sindical Rubén Gonzales condenado a 5 años y 9 meses de reclusión por un tribunal militar.
-Juzgamiento de casos de relevancia política por tribunales con competencia en delitos vinculados al terrorismo. Estos tribunales fueron creados por acto administrativo del Poder Judicial y no mediante ley.
-Casi la totalidad de los fiscales son provisionales y su nombramiento y remoción queda a discreción del Fiscal General, designado por la constituyente chavista.
-Insuficiente grado de independencia y falta de recursos de los defensores públicos.
Entre las conclusiones de aquella columna de 2017, señalaba el preocupante deterioro del estado de derecho en Venezuela y las eventuales consecuencias para la democracia y los derechos fundamentales. En los últimos años nuestro laberinto autoritario se ha vuelto mucho más complejo con efectos dramáticos sobre la vida de las personas y sus libertades.
Finalmente, es importante destacar la valiente labor de organizaciones y defensores de los derechos humanos que, pese a los riegos y las dificultades, documentan las violaciones y nutren la información de los organismos internacionales.
Luis Palacios Sanabria
Doctorando en Derecho, Universidad Austral de Chile
Profesor de Derecho Constitucional, Universidad San Sebastián