“Con relación al artículo de Diario Constitucional en su edición electrónica del 16 de mayo de 2022 titulado “Presentan querella contra controladores y abogados por presunto ocultamiento de bienes por $4.500.- millones en quiebra de la U del Pacífico.”, venimos en aclarar y rectificar dicha nota en los siguientes términos:
1.- El abogado WORSTMAN y la abogada AWAD han ejercido estas acciones con el preciso objetivo de intentar amedrentar a nuestros clientes, Juan Carlos y Luis Alberto Olcay y Matías Boñar, y a sus abogados, Jaime Bonilla, Francisco Foncea y los suscritos, por las acciones ejercidas por nuestros clientes con nuestro patrocinio para hacer efectivas las responsabilidades penales del ex liquidador de la Universidad del Pacífico CARLOS PARADA ABATTE, quien actualmente está formalizado y bajo arresto domiciliario nocturno, después de haber estado en prisión preventiva, y el Consejo de Defensa del estado se ha querellado en su contra en su calidad de funcionario público en tanto liquidador concursal.
2.- El presunto delito de prevaricación de abogado es una imputación calumniosa y falsa, por la cual ejerceremos todas las acciones que correspondan oportunamente, la imputación se hace recaer en que hemos representado a dos sociedades STANDARD y ARKA simultáneamente, el delito que se imputa consiste en representar a una parte y a la parte contraria en el mismo juicio, y resulta que ambas sociedades son de propiedad del mismo grupo de nuestros clientes, entonces malamente podemos estar representando intereses contrapuestos, o siendo desleales con nuestro cliente. Solo es una mala acción penal para tratar de amedrentarnos, cuestión que sin duda es una actividad contraria a la ética profesional, y que nos ha causado un daño irreparable a nuestra imagen profesional.
3.- La querella de WORSTAMAN Y AWAD por supuesto ocultamiento de bienes, contra nuestros clientes y sus abogados, se basa solo en contratos civiles válidos celebrados por escritura pública entre personas jurídicas no relacionadas que tenían por objeto la venta y posterior arriendo del inmueble ubicado en Avenida Las Condes 11.121. El precio de la compra se estableció en condiciones de mercado y el pago se realizó mediante vale vistas bancarios. Estos hechos no son constitutivos de delito alguno, se trata simplemente de la forma profesional en que abogados inmobiliarios realizan operaciones de esta índole, por lo que los querellantes demuestran un total desconocimiento en áreas distintas de su misma profesión o bien, han actuado de manera dolosa, generando un gravísimo daño reputacional a los abogados ya indicados y a los que suscriben la presente. Ignorar que la existencia de un saldo de precio es una de las observaciones más habituales de un estudio de títulos o bien, desconocer el endoso como forma de transferencia de los títulos de crédito, resulta difícil de justificar para cualquier abogado, pero de ahí a inventar delitos penales derivados de ellos e intentar llamar la atención de los medios de comunicación, resulta abiertamente anti ético.
4.-Los hechos que dan pie a las querellas no son constitutivos de delito, son falsos y por tantos dichas acciones resultan calumniosas, solo se pretende, bajo un desordenado relato y en un intento evidente por confundir a la Fiscalía, tratar de calificar como fraude la compraventa y posterior arrendamiento que de manera pura y simple nuestra cliente, STANDARD SPA, hizo de la propiedad de Avda. Las Condes, pagando al contado a la Universidad del Pacífico por dicho Inmueble la cantidad de 330.000 UF.
5.-Es tan burdo el objetivo de WORSTMAN y AWAD que no dudan en incluir como elementos del delito el hecho que hayamos asumido como abogados de Standard en las demandas interpuestas por Parada, Awad y Worstman contra Standard, cuestión que simplemente demuestra el torcido objetivo de estas acciones penales.”
Samuel Donoso Boassi
Ramiro Araya Ramírez
Jaime Bonilla Rozas
Francisco Foncea Gutiérrez