La llegada de un nuevo año, hito que comúnmente genera en las personas expectativas de algo mejor, es una pésima noticia para el ‘boletariado’ – neologismo que hace referencia a aquellas personas que cumplen funciones propias de una relación laboral, pero que no cuentan con un contrato de trabajo, sino que emiten mensualmente boletas de honorarios-. El motivo es que, a partir del mes de enero del presente año, la tasa de retención subirá desde un 10,75% a 11,5%, conforme lo dispone la ley N°21.133.

Esta situación no mejorará en los años venideros, por cuanto la tasa subirá gradualmente hasta llegar a un 17% en el año 2028, todo lo cual implica que, anualmente, el líquido total a recibir como sueldo por los y las trabajadores, será cada vez menor.

Pero esta noticia es aún peor cuando se trata de profesionales que cumplen funciones en programas enfocados en los derechos de la niñez.

Tomaré como ejemplo las Oficinas de Protección de Derechos -OPD’s-, por cuanto he tenido la experiencia de trabajar en 3 de ellas y en distintas regiones del país. De acuerdo con el anuario estadístico de SENAME (2019), en la actualidad existen 222 OPD’s a nivel nacional, siendo administradas casi en su totalidad por las Municipalidades, en virtud de convenios celebrados entre éstas y el Servicio antes mencionado, los cuales se adjudican mediante licitaciones que se realizan en periodos de 1 a 3 años. Al tratarse de convenios temporales, la mayor parte de su dotación es de profesionales a honorarios.

El problema se suscita cuando estamos en año electoral -como este, por ejemplo- por cuanto los posibles cambios de administración municipal, traen como consecuencia la desvinculación de una gran cantidad de profesionales, siendo los primeros en salir quienes trabajan en programas licitados.

Las consecuencias de este trabajo precario repercuten directamente en la calidad de la atención prestada a niños, niñas y adolescentes: aumento en los niveles de estrés del equipo, alta rotación de personal, perdida de continuidad en los procesos de intervención tanto a nivel individual, como también social y comunitario, entre otras nefastas consecuencias.

Quisiera terminar esta carta de una manera más alentadora, no obstante el panorama no parece mejorar: La Ley que crea el Sistema de Garantías para la Protección Integral, actualmente en su último trámite en el Congreso, crea las llamadas Oficinas Locales de la Niñez (OLN) que vienen a reemplazar – en parte- las funciones de las OPD’s, reforzando la labor preventiva y potenciando el rol de estos dispositivos en cuanto a la derivación y gestión de casos, llevando al ámbito administrativo gran parte de la competencia que, hasta el día de hoy, está en manos de los Tribunales de Familia.

El problema -advertido por el Informe Anual de la Defensoría de la Niñez (2020)- es que estas Oficinas también entrarán en la lógica de las licitaciones, en las cuales se busca que sean las propias Municipalidades quienes se hagan cargo de éstas, en vez de preferir un carácter estatal y con financiamiento permanente.

En consecuencia, quizás el año 2021 signifique el fin de la pandemia ocasionada por el COVID-19, pero el boletariado y especialmente quienes trabajan en programas dedicados a la niñez no tienen mucho que celebrar.

 

Jorge Sepúlveda Varela

Profesor de Derechos de Familia e Investigador en materia de Derechos de la niñez.