A propósito de los resultados del pasado domingo 7 de mayo, para elegir a los integrantes del Consejo Constitucional que tendrá la responsabilidad de elaborar una nueva propuesta de Constitución, diferentes fuentes coincidieron en que la situación de la seguridad ciudadana y la migración en Chile (ver https://bit.ly/42hXJ7p y https://bit.ly/44Ea4UZ), resultaron determinantes en dichos resultados, en la medida que estarían, presuntamente, reflejando la insatisfacción de los ciudadanos respecto del trato dado por el Gobierno Nacional a ambas problemáticas.
En algunos casos, inseguridad y migraciones se vinculan, no para sostener algo evidente, como es que parte de los delitos que afectan la seguridad ciudadana del país son cometidos por personas de nacionalidad extranjera -situación verificable en cualquier sociedad-, sino para afirmar que los actuales problemas de seguridad en Chile tienen directa relación con las fallas del Estado al definir una política migratoria ajustada al estado de derecho y el respeto a los derechos humanos.
Con fundamento en ese hipotético vínculo entre aumento de la inseguridad y migración, se han formulado diferentes posibles cursos de acción, desde el cierre de fronteras, pasando por las expulsiones sumarias administrativas, hasta la tipificación como delito de la “migración ilegal” (ver: https://bit.ly/42f7kMg). Todo ello, bajo eslóganes que poco contribuyen y mucho pueden complicar, como el que plantea detener “la invasión migrante ilegal”, como si se estuviera en marcha un acto de ocupación por la fuerza intencional, en contra de la soberanía chilena.
Ante las circunstancias descritas, estimamos oportuno compartir algunas reflexiones e inquietudes, con el ánimo de contribuir a un tratamiento justo, seguro, equilibrado y eficaz, por parte del Estado chileno de los migrantes que se encuentran bajo su jurisdicción:
1) El crimen no tiene nacionalidad, menos en nuestra época, de globalización de las formas delictivas y de las organizaciones criminales. Por tanto, todas las personas de bien, al margen de nuestras nacionalidades y las de los delincuentes, exigimos la aplicación férrea de la ley penal, bajo las reglas del estado de derecho, a todos quienes infrinjan el derecho en cualquier país en que se encuentren.
2) Establecer, explícita o implícitamente conexiones entre una nacionalidad cualquiera y una forma de criminalidad o de crímenes concretos, es una forma insidiosa de xenofobia, que no contribuye a solucionar el problema de la inseguridad, sino a sumarle otros no menos complejos y peligrosos.
3) Conocer la nacionalidad del autor de un delito, en términos estrictamente criminalísticos, puede ser necesario para obtener información relevante que permita identificar, anticipar y prevenir posibles nuevos delitos, así como para establecer acciones coordinadas con las autoridades de esas otras jurisdicciones, a efectos de enfrentar y reducir la capacidad delictiva de personas y organizaciones. Pero no para concluir, vía falacia de la generalización, nexos causales, deterministas, entre el origen nacional de una persona y su inclinación cometer delitos (¡Lombroso vive!).
4) La comunidad de migrantes de Venezuela, como las integradas por personas de otras naciones, en su aplastante mayoría, hace aportes directos y relevantes al generoso y ejemplar pueblo de Chile, a través de diversos trabajos profesionales y académicos que desempeñan en el Estado y en el sector privado, así como a través de emprendimientos y trabajos honrados que contribuyen a la generación de riqueza y generan ingresos al Fisco a través del pago de impuestos (como se observa en diferentes fuentes consultadas: https://bit.ly/3LNT1aa; https://bit.ly/3ny6R8U y https://bit.ly/3B7lYsW).
5) En general, los venezolanos que se hallan en Chile y otros países, lejos de sus familias y lugar de nacimiento, lo están no por elección sino por necesidad, en tanto víctimas directas o indirectas de un régimen antidemocrático y violador de derechos humanos, que destruyó a Venezuela y convertió su territorio en base de proyectos que conspiran contra la democracia y libertad en el hemisferio, junto a los regímenes antidemocráticos de Cuba y Nicaragua, y de múltiples organizaciones de delincuencia organizada, tutelados por quienes usurpan el poder en Venezuela, entre ellas la conocida como el “Tren de Aragua”, las cuales se han expandido a otros territorios, como el chileno, gracias justamente a la impunidad y recursos que les asegura el régimen que lidera N. Maduro.
6) Afirmar, como lo ha hecho alguna autoridad local, que lo anterior es falso, y que no es por necesidad, sino por otras razones -algunas inconfesables-, que se asumió el desafío vital de buscar un mejor destino, para sí mismo/a y las familias que ahora son binacionales o multinacionales, es agravar la condición de los expulsados de su país, negar la responsabilidad del régimen tirano que oprime a Venezuela y ocultar las fallas del Estado chileno en establecer reglas y organismos que permitan la incorporación legal a la sociedad chilena de los extranjeros, de cualquier nacionalidad, que quieren aportar, prosperar y ser parte de esta pujante comunidad política, así como las que tiene, en materia de proceso penal, para castigar a quienes delinquen en el país.
7) El Consejo Constitucional recién electo tiene la oportunidad de elaborar una nueva Constitución que permita el reencuentro, la concordia y la adopción de firmes bases institucionales que hagan posible el avance en libertad hacia mejores y más sostenibles niveles de vida e inclusión social. Y también, un texto constitucional que, desde el realismo y el respeto a principios básicos de la cultura occidental, incorpore contenidos que obliguen al Estado a aplicar normas y políticas migratorias ajustadas al estado de derecho, que mejoren lo que haya de acertado en el presente y, en lugar de discriminar y condenar a la ilegalidad a los migrantes, los incorpore a ese avance, en la medida que la riqueza de un país no es una torta para repartir, sino un proceso continuo y dinámico.
8) Valga recodar, por último, que todo país que soberana y acertadamente ha optado por abrirse al mundo para diversificar su economía y potenciar sus relaciones económicas internacionales, su productividad y la calidad de vida de sus habitantes, como es el caso de Chile para orgullo de nuestra región, debe tener presente que, junto a los aspectos positivos de esa apertura, llegarán los negativos, como son activos, inversiones y personas que buscarán cometer delitos en su jurisdicción (sobre la globalización y las migraciones, véase: https://bit.ly/3BcFrbv y https://bit.ly/3nOA6nL).
9) La respuesta ante ello no puede llevar a la propuesta de medidas anacrónicas como son pedir el cierre de las fronteras, el aumento de las regulaciones y aplicar castigos penales para la “migración ilegal” (ámbito incierto en el que pueden estar tanto delincuentes como personas con documentos vencidos en trámite de renovación). Ello puede conducir a cerrarse al mundo, a intercambios de bienes y personas, y a incurrir en graves violaciones a los derechos humanos, así como a formas de discriminación que han de superarse definitivamente, como la xenofobia o la aporofobia.
10) El curso de acción debe, más bien, apuntar a evaluar y optimizar el funcionamiento de los organismos y normativas aplicables en todos los ámbitos vinculados con la globalización, incluida la materia migratoria, a potenciar la inteligencia del Estado chileno en los ámbitos de seguridad interna e internacional que correspondan y fortalecer sus estrategias de seguridad interna, sin incurrir en abusos, discriminaciones y respuestas contrarias a la vigente Constitución Política de la República y a obligaciones internacionales ratificadas por el Estado chileno.
Luis Alfonso Herrera Orellana
Abogado summa cum laude y especialista en derecho administrativo por la Universidad Central de Venezuela. Magíster en derecho constitucional por la Universidad Católica Andrés Bello. Profesor de derecho administrativo y derecho constitucional en la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad Autónoma de Chile. Investigador de la Unidad de Análisis del Rol del Estado de Chile, Carrera de Administración Pública, Universidad Autónoma de Chile. Candidato a doctor del programa de doctorado en Derecho de la Universidad de Los Andes, Chile. Investigador del Centro para la Divulgación del Pensamiento Económico (CEDICE) .