La violencia y el acoso en el lugar de trabajo constituyen graves violaciones a los derechos humanos, afectan la dignidad de las personas y tienen consecuencias directas sobre la salud mental. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha abordado esta problemática de manera sistemática a través del Convenio 190, el primer instrumento internacional que reconoce el derecho de toda persona a un entorno laboral libre de violencia y acoso. En Chile, este compromiso ha sido reforzado con la promulgación de la Ley Karin (Ley 21.643), normativa que regula procedimientos para la prevención e investigación de estos hechos. A nivel global, y en relación con sus efectos, la OIT y la OMS también han advertido sobre el impacto que estas condiciones tienen en la salud mental de los trabajadores (OIT & OMS, 2022).

1. Avances normativos: del Convenio 190 a la Ley Karin

El Convenio 190 de la OIT, ratificado por nuestro país en el año 2023, representa un hito histórico y establece el derecho de toda persona a un ambiente laboral libre de violencia y acoso, incluyendo la violencia y acoso por razones de género, por consecuencia, incompatible con el trabajo decente. En línea con este compromiso, Chile promulgó en 2024 la Ley Karin, que obliga a los empleadores a implementar políticas, canales de denuncia y procedimientos claros para la prevención, investigación y sanción de estas conductas en los lugares de trabajo.

La CUT y la Mutual de Seguridad, en su segundo informe conjunto (2025), destacan que esta legislación ha generado mayor visibilidad del problema, así como una incipiente institucionalización de mecanismos de prevención. Sin embargo, persisten brechas importantes, especialmente en sectores como el trabajo informal, la educación, la salud y el transporte.

2. Desafíos persistentes: aplicación desigual y riesgos psicosociales

El informe CUT–Mutual (2025) subraya que las medidas preventivas siguen siendo insuficientes y que existe una falta de coordinación interinstitucional. Además, identifica obstáculos culturales como la normalización del acoso, el miedo a denunciar y la persistencia de jerarquías autoritarias que dificultan ambientes laborales saludables. En este contexto, la violencia laboral no solo vulnera derechos fundamentales, sino que también deteriora gravemente la salud mental de las personas trabajadoras.

Aquí se conecta con los hallazgos del informe OIT-OMS sobre salud mental en el trabajo (2022), que destaca cómo los entornos laborales tóxicos, el acoso y la inseguridad psicológica están entre los principales factores de riesgo para trastornos como la depresión y la ansiedad. Según dicho informe, se pierden anualmente 12.000 millones de días laborales a causa de problemas de salud mental, generando pérdidas cercanas a un billón de dólares en productividad (OIT & OMS, 2022).