El Consejo de Políticas de Infraestructura calculó en 120 millones de dólares anuales la evasión en el transporte público capitalino, lo que equivale a 330 millones de pesos diarios.

Con ese dinero, en las zonas rurales se podría perfectamente adquirir una micro nueva al día, pagar el salario de dos choferes en doble turno por un año, comprar petróleo para mantener la operación durante todas las jornadas y, además, subsidiar las tarifas para adultos mayores y escolares.

Es una paradoja alarmante que, en un solo año de evasión en el Transantiago, se pierda el equivalente a 365 buses destinados a zonas rurales, cuando por otro lado, anualmente el Ministerio de Transportes caduca hasta un 20% de las flotas de buses rurales en algunas zonas por norma administrativa o limita el uso de apps de transporte que afectan sobre todo a estas zonas.

No solo es una vergüenza que la séptima política pública más cara del país no sea para todos los chilenos, sino también que tengamos un gobierno que, con la evasión, solo le interesa generar en realidad una cultura de gratuidad para mantener este negocio con fondos a los que no se le ha puesto límites.

 

Juan Irarrázaval

Diputado del Partido Republicano