A recientes fechas, vuestro medio ha sido depositario de variadas impresiones sobre el fenómeno de violencia en sede de escolaridad ordinaria (enseñanza básica y media). Un título interesante, desde la publicidad y eslogan de venta, sería el de “Violencia en las Escuelas”. Tales comentarios se alinean, por cierto, con la sensibilidad “cívico-moral”, generalizada, del grosero develamiento que la prensa ha dado a numerosos casos, en cortos espacios de tiempo, sobre estos hechos, la mayoría constitutivos de delitos y el resto dignos de reclamarse en sede de vulneración de derechos de fundamentales. La violencia como permanente noticia en desarrollo, se acaba de informar una y aparece ya la otra. Ya sea al interior de los recintos educativos, entre los mismos compañeros o contra el cuerpo docente (me refiero a los fenómenos relacionales vicioso de  bullyng físico o  cibernético, la hipersexualización de los alumnos varones hacía las mujeres – todos menores de edad todos, por cierto – y su vinculación con la desregularización de inteligencia artificial, hechos constitutivos de delitos contra la integridad física y la vida, inclusive, el porte ilegal de armas, etc.) o fuera de éstos, pues los protagonistas de dichos actos callejeros son estudiantes que tras su término de jornada escolar o durante la vigencia de la misma, pero habiendo desertado de ella (la cimarra) prefirieron participar en actos masivos que propenden a instancias de validación cultural de la violencia. Y, aun así, me quedo corto en descripción.

Habiendo dicho lo anterior, no me queda, sino, en cuanto ciudadano con formación jurídica, adherir a las impresiones de mis colegas comentaristas: repensar la edad mínima de la responsabilidad penal adolescente en cuanto disuasivo socio-cultural de la delictualidad temprana, pero focalizado en la reinserción social. En este sentido, se ha dicho, igualmente, que una política que pretende castigar a los menores de edad debe implementarse con políticas sociales que acompañen las medidas a prevención de producir efectos estigmatizantes. Otro autor, habló de dotar a institucionalidad educativa del suficiente revestimento disciplinario para recuperar los espacios de respeto a la autoridad al interior de las aulas. A lo también adhiero, y no hago por carecer de ideas propias, sino por la simpleza del razonamiento: el orden. Sí hay algo que un abogado o jurista puede aportar al debate educacional, sin ser experto comparativamente con quienes se dedican de plano a estas materias, es la cuestión por el sentido institucional del orden y protección de los derechos de los miembros de la comunidad educativa. Pero y aún así, ello es superfluo.

Sí se me lo permite el Sr. lector, por vuestro intermedio, Director, reconocer el grosero escalamiento de la violencia al interior de las escuelas es una buena ejemplificación de un fenómeno que es trasversal a la sociedad nacional de nuestros tiempos, la vulgaridad moral y convivencial. No es que los alumnos de la enseñanza ordinaria sean en sí mismos un problema que se resuelva con intervención directa, más bien, es el crisol de una cultura socio-colectiva del doble discurso en lo que respecta al tratamiento las civilidades. Como candidato a Mediador – sí es que algo aprendí de la teoría social del conflicto – es que hay un malestar soterrado cuya manifestación más visible es la violencia escolar. Tal malestar es la vulgaridad moral e intrínseca de la actual generación del estudiantado, a tal punto que podemos hablar de una verdadera crisis sistémica de la educación chilena. Cómo es posible que la Historia Institucional de la Educación en nuestro país haya pasado de los esfuerzos culturales por la generación y expansión del derecho a la educación y sus complementos, en cuanto sistema intermedio y complementario a los fines del Estado Republicano, Democrático y de Derecho, a determinar sí es más prudente, en cuanto imagen para terceros, sí poner detectores de metales a las puertas de los Colegios o hacer revisiones de mochila esporádica a quienes tienen “aspecto sospecho”. Una especie de control de identidad en el contexto escolar (¿?). No soy de calificar perniciosamente las cosas – menos cuando nuestra lengua es bullente en palabras – estamos en una situación de decadencia.  

Kevin I. Seals Alfaro

Lic. en Ciencias Sociales con mención en Ciencias del Derecho y Minor en Ciencias Políticas por la Universidad Adolfo Ibáñez;

Diplomado en Derecho de Familia e Infancia por la Universidad Nacional Andrés Bello;

Diplomando en Mediación Familiar por la Pontificia Universidad Católica de Chile;

Miembro de la Academia de Derecho Civil de la U