En las últimas semanas, los tribunales laborales de Chile han emitido fallos que marcan un hito en la jurisprudencia laboral, pero que también plantean serias preocupaciones sobre el equilibrio entre derechos y deberes.
Un caso emblemático ocurrió recientemente en Antofagasta, donde el Juzgado de Letras del Trabajo, con respaldo de la Corte Suprema, ordenó a 105 trabajadores de Minera Escondida —quienes habían recibido un bono de término de conflicto de $8,5 millones en 2019— devolver dicho monto mediante un embargo de hasta el 50 % de sus remuneraciones mensuales. La negociación colectiva no estaba reglada y fue considerada ilegal por no cumplir el quórum mínimo exigido (10 %). Se trata de un fallo catalogado como “inédito” y “controversial” en el ámbito laboral, con implicancias profundas para los trabajadores afectados y sus familias.
Este pronunciamiento confirma que, cuando los procesos formales fallan, la justicia está dispuesta a corregir irregularidades. No obstante, también pone en evidencia la fragilidad del sistema sindical y la estructura normativa previa a la negociación. Castigar a los trabajadores —muchos de ellos ya no en la empresa y que posiblemente han gastado el bono— mediante descuentos que pueden llegar hasta $2,7 millones mensuales, afecta gravemente su economía y genera un precedente que puede disuadir futuras negociaciones colectivas.
Más alarmante aún es el impacto interno en los sindicatos. El fallo acentúa divisiones ya existentes en los movimientos sindicales de Escondida, debilitando su unidad frente a los empleadores. Aunque desde la visión legal se afirma que la negociación fue irregular, la forma de aplicar la sanción —con la devolución forzada del bono— genera inquietud sobre si se hizo justicia de manera proporcional y humana.
En consecuencia, como sociedad, debemos exigir que los mecanismos de negociación colectiva sean transparentes, participativos y ajustados a la normativa. Además, los fallos judiciales, por más justos que puedan ser en su letra, no deben perjudicar desproporcionadamente a quienes, quizá sin mala fe, participaron en procedimientos legales.
Este caso nos debe llevar a repensar la necesidad de perfeccionar las leyes laborales, fortalecer la asesoría técnica a los sindicatos y revisar los límites de los embargos en materia laboral. La justicia hizo su parte; ahora corresponde que los legisladores y empleadores asuman la responsabilidad de construir un sistema más justo y equilibrado para todos.
Scarlett Watson Miranda
Fundadora Fundación Fuera Acosadores