Actualmente, existe cierto consenso alrededor de que la paz significa mucho más que la ausencia de una guerra. La experiencia internacional y comparada da cuenta que la paz se acerca más a una condición, a un contexto donde se es capaz de asumir y tratar el conflicto de una manera que este no se transforme ni genere violencia. Por ello, el concepto de paz supera, en realidad, la simple expectativa de alcanzar un estado momentáneo de no violencia y se edifica como proceso. No siendo, en ese sentido, insólito que las propuestas que se han realizado en diferentes contextos contemporáneos en busca de soluciones efectivas a los conflictos armados o la violencia estructural se hablen es de “construcción de paz”, es decir, del conjunto de acciones, estrategias y políticas diseñadas para consolidar un entorno que sea capaz de gestionar las crisis, prevenir los conflictos violentos y establecer condiciones para una convivencia pacífica estable y extendida en el tiempo.

De hecho, lo que se han llamado “Estudios de Paz” suelen advertir la importancia que esa construcción no haga caso omiso a los hechos, valores, teorías y su relación. Al final, que se logre un resultado legítimo y eficaz dependerá de que tengamos una buena dosis de realidad, de una realidad que somos parte y que no podemos considerarnos superiores a ella y que, por el contrario, nos supera cuando hacemos oídos sordos.

El principal problema de la construcción de paz va más allá de que no exista una receta única. Como muchos fenómenos que nos rodean, hay algo de predictivo: por eso se espera hacer diagnósticos, formular tratamientos o recomendaciones y hacer pronósticos y previsiones que permitan evaluar la ejecución. Pero cada uno de esos pasos no son una fórmula mágica. Y aunque en mucho tengan que aportar los expertos y las experiencias internacionales, la mesura y la prudencia suelen ser más confiables.

Incluso, si partimos de la buena fe -tal como debe ser-, lo cierto es que ninguna propuesta de construcción de paz se genera con la idea de que fracase. Sin embargo, las buenas intenciones no son suficientes.

De allí que, más allá de los aciertos que tiene el informe diagnóstico entregado, el 6 de mayo, por parte de la Comisión para la Paz y el Entendimiento al Presidente de la República, queda una sensación, desde lectura reflexiva, que ese informe quedó en deuda; y no deudas de cualquier tipo: especialmente, en el tema de las recomendaciones. No es que se esperase que la Comisión pudiese hacer todo, pero justamente la identificación de esas deudas son las que deben abrir los futuros y necesarios debates.

Por supuesto, lo fácil sería caer en la estrategia de resaltar que solo 6 de las 21 recomendaciones alcanzaron la unanimidad. Pero al margen de la relevancia que esto puede tener en términos de un proceso que busca atender a la totalidad de los sectores involucrados, lo cierto es que aquellas que no tuvieron esa unanimidad se aprobaron con votaciones de 7 a 1. En ese sentido, y obviando esos aspectos, lo que si termina siendo llamativo, por ejemplo, es la falta de integración explícita de elementos necesarios (tal como sucede en la recomendación 9 en relación con los mecanismos de reparación integral), la excesiva generalidad (recomendaciones 5, 6 y 8), las inconsistencias en parte de las medidas (recomendaciones 7, 8, 10 y 17) y que se insista en propuestas que provienen de procesos similares en otros países -sin éxito y sin mayores observaciones- (recomendaciones 8 y 12) y otras que parecen revivir temas que no tuvieron recibo en los recientes procesos constitucionales (recomendación 1).

Estos elementos, sin duda, pueden llegar a ser no solo la punta de iceberg, sino la crónica de un fracaso. Por consiguiente, lo que viene debe asumir que la efectiva construcción de paz, en el marco de un Estado democrático y constitucional, supondrá reconocer la necesidad de mejorar este diagnóstico que, si bien no asume que paz sea la simple ausencia de guerra, aún esta distante de ser una solución concreta para superar lo que padecen nuestras regiones.

Édgar Hernán Fuentes-Contreras

Profesor de la Facultad de Derecho e Investigador de POLIS

Universidad de los Andes