A propósito de la reciente publicación en su medio sobre la precariedad con la que trabajan los postulantes de la Corporación de Asistencia Judicial, quisiera compartir una reflexión desde mi propia experiencia.
Tuve el privilegio de ser postulante, y puedo afirmar que se trata de una etapa profundamente formativa, tanto en lo jurídico como en lo humano. El contacto directo con personas en situación de vulnerabilidad, la responsabilidad de representar al Estado y la oportunidad de litigar desde el inicio, constituyen aprendizajes de gran valor. Sin embargo, esa riqueza profesional convive con una realidad muchas veces invisibilizada: el alto costo personal y económico que implica este proceso.
Aunque en algunos centros se señala que el servicio es de media jornada, lo cierto es que la carga laboral se extiende mucho más allá. Las audiencias, los escritos, las reuniones con usuarios, la preparación de causas y la presión constante hacen que el trabajo acompañe al postulante a casa, llenando también sus noches y fines de semana. Se trata, en la práctica, de una dedicación a tiempo completo, sin que exista a cambio ninguna retribución económica.
En mi caso particular, debí renunciar a mi empleo, ahorrar durante meses y reorganizar completamente mi vida para poder cumplir con esta exigencia, que es un paso obligatorio para obtener el título de abogado. El desgaste físico, la incertidumbre financiera y la sobrecarga emocional fueron parte del proceso.
Es urgente repensar este modelo, garantizando condiciones mínimas de dignidad y equidad que permitan que todos, sin importar su situación económica, puedan acceder al ejercicio profesional del derecho. La idea no es deslegitimar el valor formativo de esta etapa, sino evitar que un costo que corresponde al Estado termine siendo cubierto por los propios postulantes. Finalmente, son ellos quienes, con gran sacrificio, terminan asumiendo el deber estatal de asegurar acceso a la justicia para quienes no pueden pagar: el llamado privilegio de pobreza.
Valeria Oportus Beltrán