El Coordinador de la Macrozona Sur, Pablo Urquízar, comprometió que “se va a imponer el Estado de Derecho”.¡Qué gran y esperanzadora noticia! Ello significa que se reconocerá que los guerrilleros y terroristas que ejercen una violencia desatada e impune —en zonas rurales y urbanas— constituyen un enemigo interno que está en guerra contra el Estado de Chile. Ello también significa que los órganos del Estado adoptarán todas las medidas necesarias y utilizarán todos los medios a su alcance para aniquilar a tal enemigo y así cumplir con su obligación de garantizar el orden institucional de la República; para lo cual, junto con medidas de otro orden, aplicarán la violencia física legítima del Estado necesaria para reprimir a quienes subvierten el Estado de Derecho y así restituir el orden exigido por el bien común.

Lamentablemente este desiderátum se ve difícil de alcanzar mientras la prensa y diversos actores políticos le bajen el perfil a una situación de violencia intolerable —ejercida por grupos paramilitares que utilizan armamento de guerra contra personas y bienes públicos y privados y cuarteles y vehículos policiales— utilizando el eufemismo “violencia rural”; mientras la opinión pública y las diversas organizaciones sociales no rechacen categóricamente la violencia terrorista o revolucionaria o, peor aun, la promuevan o la amparen; mientras la mayoría de los congresistas se opongan a la aprobación de leyes que le entreguen capacidades operativas a los organismos de inteligencia u otras necesarias para enfrentar en mejor forma el flagelo terrorista; y mientras se mantengan las actuales reglas de uso de la fuerza insensatas y extremadamente restrictivas.

Adolfo Paúl L.

Abogado