Desde el año 2013 el funcionario municipal que ejercía el cargo de director de obras municipales (DOM) de Estación Central otorgó 75 permisos con agrupamiento continuo para construir torres habitacionales de entre 25 y 38 pisos, declarados ilegales por el Minvu y por la Contraloría General de la República, debido a las recurrentes denuncias formuladas por organizaciones sociales de esa comuna.

Este asunto ha sido cubierto la semana pasada por los canales de televisión, ver link 

Pues bien, los artículos 148° y 157° de la Ley General de Urbanismo y Construcción (LGUC) señalan que los alcaldes y los Seremis de Vivienda y Urbanismo, respectivamente, deben ordenar las demoliciones, incluso con la ayuda de la fuerza pública, de los edificios construidos con permisos contrarios a derecho. Según el municipio, los 75 permisos se transformaron en 49 torres ya construidas, 15 de las cuales, con la llegada de la actual administración municipal, carecen de recepción final de obras, al igual que otras 5 construidas como aisladas.

Rodrigo Delgado, anterior alcalde de Estación Central, optó por no ejercer sus atribuciones legales y por ende no ordenó demoler las edificaciones que, desde el año 2007, producto del pronunciamiento de la División de Desarrollo Urbano (DDU) del Minvu, se sabía que eran ilegales. Los distintos funcionarios públicos que, a partir del 2013 en adelante, desempeñaron el cargo de Seremi de Vivienda tampoco ejercieron sus roles y durante esa administración se cursaron equivocadamente recepciones de obras (sic).

La Contraloría ordenó el inicio de los respectivos sumarios administrativos, la invalidación de los permisos mal cursados, la paralización de las obras y el no otorgamiento de las recepciones finales definitivas y como el municipio, impropiamente aplicando el principio del laissez faire, desacataba todas las instrucciones vinculantes del órgano fiscalizador, este columnista en el año 2019 se reunió con el ministro del ramo, Cristián Monckeberg, a quien se le entregó un documento titulado «Propuesta para sancionar y resolver sin demoler los edificios que se construyen con permisos ilegales en la comuna de Estación Central», en donde se establecían compensaciones económicas, por parte de las constructoras, para las familias que viven en esa comuna, la que fue bien acogida por su destinario. Lamentablemente, días después Piñera trasladó a Monckeberg al cargo de ministro de Desarrollo Social y, por lo tanto, la propuesta quedó en nada.

Felipe Muñoz, al asumir el año pasado el cargo de alcalde no ordenó la demolición, prefiriendo interponer una querella criminal por prevaricación administrativa en contra de dos ex DOM y otros dos funcionarios municipales de menor rango, los que, como ya está dicho, posibilitaron este delito económico de mayor cuantía. Esa querella del nuevo alcalde es complementaria a otra similar que presentaron seis ciudadanos, uno de los cuales es quien tiene la autoría de este opúsculo. Dejamos en claro que la actual Seremi de Vivienda, tampoco ha ordenado la demolición.

El actual alcalde y la actual Seremi de Vivienda están habilitados para aplicar los antes mencionados artículos 148º y 157º de la LGUC y ordenar la demolición de los edificios ilegales a expensas de sus dueños y si ello no ocurre, por los motivos que sean, demoler es muy caro, complicado y de excesivo impacto ambiental, sería necesario que el presidente Boric y el ministro Montes, para evitar innumerables elefantes blancos, asumiendo sus roles, procedan a firmar un Decreto Supremo que modificaría la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) fijándose un procedimiento que contemplaría estas compensaciones como aportes al espacio público.

​Si no se demuelen los edificios ilegales de Estación Central, siempre que el gobierno asuma su rol en cuanto a las referidas compensaciones económicas, los departamentos de dichas torres contarán con recepciones finales de obras que permitirán ser entregados a sus promitentes compradores. Estamos hablando de unos 9.000 departamentos.

Debemos tener presente que, a la fecha, algunas de esas inmobiliarias, están dispuestas a resarcir económicamente, suma total que debería ser determinada por quienes detentan el poder político, pues esos eventuales fondos son urgentes para ejecutar equipamientos públicos de salud, policial, educación y áreas verdes de esparcimiento para que los residentes de esa comuna recuperen en parte sus calidades de vida. Todos sabemos que en la comuna de Estación Central ha sido explosivo el crecimiento poblacional en los últimos 6 años y por lo tanto el actual gobierno tiene la palabra para resolver la situación.

 

Patricio Herman