Los problemas en el país no parecen cesar; las revueltas sociales en el Centro, los actos de terrorismo en el Sur, la reciente crisis migratoria en el Norte y el COVID 19 que afecta a toda la nación. Sin embargo ello, nuestras autoridades lejos de solucionar los conflictos en comento desde la raíz, parecen no encontrar mejor solución que decretar algún Estado de Excepción Constitucional a fin de apaciguar en algo el clamor popular que exige respuestas concretas.

En la Macro Zona Sur por ejemplo, los actos de violencia no han terminado a pesar de la presencia del citado Estado de Emergencia. De igual forma, cuando comenzó el virus del Covid, la declaración del Estado de Catástrofe no significó de modo alguno la disminución de los contagios ni mucho menos evitó en algo su propagación. En octubre del 2019, el Estado de Sitio tampoco mermó las revueltas sociales en lo absoluto y en cambio, pareció haber empeorado la situación.

Ahora nuevamente, a propósito del paro de camioneros en diversas locaciones del país, aquellos han depuesto su movilización tras acordarse con el Gobierno la declaración de un nuevo Estado de Excepción Constitucional en cuatro provincias del Norte del país.

No desconozco que quizás la presencia militar pueda generar algún sentimiento de protección en la ciudadanía pero sin ir más lejos, no solucionará en lo más mínimo la creciente crisis migratoria.

En suma, debemos dejar de trivializar y desnaturalizar a los diversos Estados de Excepción Constitucional y abandonar su reciente uso como el as bajo la manga del Gobierno de turno que poco y nada soluciona los conflictos desde su génesis pues la ciudadanía hace un tiempo viene exigiendo soluciones reales, efectivas y perdurables en el tiempo.

Matías Eduardo Vidaurre Vilo