Este 1 de abril se conmemoran dos años de la promulgación de la Ley CATI, y resulta inaudito que una de las políticas públicas en seguridad vial más importantes de los últimos 15 años, diseñada para salvar vidas y combatir el exceso de velocidad en las calles, siga sin aplicarse debido a que la autoridad aún no dicta los reglamentos correspondientes.

No solo sorprende la indiferencia de la autoridad frente a este drama social, sino también el retraso injustificable en la implementación de una normativa que ya podría haber prevenido la muerte de 740 personas en las vías si la ley hubiera estado operativa durante los últimos 24 meses.

Se entiende que la instalación de radares en las calles pueda generar rechazo en ciertos sectores, pero la protección de la vida debe prevalecer por encima de cualquier cálculo político o temor a la impopularidad.

La demora en la puesta en marcha de esta norma no solo agiganta la creciente desconfianza de la ciudadanía en las instituciones, sino que también perpetúa el bajo interés que históricamente ha tenido nuestro país para prevenir las tragedias viales.

Alberto Escobar

Director de Movilidad de Automóvil Club de Chile