Como férreo promotor del Proceso Constituyente me veo en la necesidad de reconocer una cosa. Felipe Kast no miente cuando en esa campaña que valientemente financió con sus propios recursos afirma que la Constitución permite el aborto sin límites, con total impunidad y – lo que es peor -como un derecho ejercitable por terceros diferentes a la madre. En efecto, autoriza el infanticidio y el homicidio. No resguarda la vida de la madre ni de los nonatos. Es, completamente ineficiente en proteger cualquier interés distinto a los de quienes se desean asesinar. Hasta les asegura completa impunidad e instala como agentes del progreso a quienes lo practican.

Felipe Kast, no miente, pero se equivoca u omite un dato.

Cuando hizo esa afirmación, seguro estaba leyendo la Constitución de 1980 y no la propuesta de Nueva Constitución. Pues es en la Carta de Pinochet donde se afirma que: “la ley protege la vida del que está por nacer” pero, una vez fuera del vientre, ni la persona recién nacida o su madre tienen derecho a la salud, sino que deben hacerse cargo de los costos que implica vivir. Hoy no se le asegura a la persona que llegó a este mundo: seguridad, salud física y mental, autonomía progresiva, vivienda, educación, corresponsabilidad parental, trabajo, identidad, libre desarrollo de la personalidad, cuidados, respeto por sus opciones sexuales, su cultura, pensiones o – en fin – acceso a bienes básicos de subsistencia. Tampoco se garantizan eso que algunos llaman valores de la libertad pues ¿quién puede ser realmente libre si no puede satisfacer sus necesidades – no aspiraciones o caprichos – necesidades vitales?

Todo eso la Constitución de 1980 lo deja en manos no de la que algunas personas llaman es terrible dictadura de las mayorías o del proletariado, sino a merced de las decisiones que otros ya adoptaron y que no quieren recular en ellas. Queda a merced de un sistema dónde el que tiene más piensa que puede cautelar – como si fuera legítima defensa – lo que estima fruto de su propio empeño mientras alimenta su ego sintiéndose titular de la posibilidad de tomar decisiones a nombre del resto, experimentando esa embriaguez intelectual que, sin mediar un método científico que lo avale, le impulsa a pensar que está en lo correcto mientras el resto del mundo se equivoca.

La Constitución vigente es la que le permite al privilegiado abortar al resto. Decirle que si no progresa es perezoso, que algún dios o el destino lo convocan a ser el mejor, si el mejor y no la mejor. Claro, porque en lenguaje masculino, porque esto de la inclusión es un invento de personas que no creen en la tradición, las buenas costumbres, la patria o algún santo.

Le posibilita al privilegiado predicarle al resto que debe ser el mejor, pero en lo que hace, como barrendero, aseador o nana, pero sin recibir una contraprestación económica equivalente al aporte indispensable que realizan para que otras labores se desempeñen adecuadamente y sin derecho a cambiar de función, buscar su felicidad o autorrealización si es que lo quieren. Porque su vocación y condiciones de vida ya está predeterminadas por un tercero.

Felipe Kast, tiene toda la razón. La Constitución, pero la de 1980, no respeta la vida y permite el aborto, el infanticidio y el homicidio social. En cambio, la Propuesta de Nueva Constitución establece derechos sexuales y reproductivos que deben ser regulados por ley en virtud de las decisiones democráticas además de prohibir otras prácticas que abortan la vida de las personas después del parto. En eso consiste el giro copernicano que en materia de Derechos Fundamentales se plantea. Que no implica quitarle lo que tiene al resto, permitir que todas las personas tengan lo mínimo para vivir. Sólo en ese escenario es posible hablar de mérito como motor de transformación y movilidad social.  Si no me cree, lea ambos textos y compare. Pero lea ambos.

 

José Ignacio Núñez

Investigador y Coordinador Académico del Observatorio Nueva Constitución.