En carta al director de El Mercurio, de fecha 23 del presente, dos personas que se identifican como investigadores de la Fundación Nodo XXI, se refieren a la inauguración de la “Comisión Asesora para el Fortalecimiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos”, la que propondría reformas que garantizarían su independencia, autonomía y fortalecimiento.
Probablemente muchos estaremos de acuerdo con dicho razonable propósito, en particular con garantizar su independencia, cuestionada tras la persecución de funcionarios policiales rechazada en tribunales y la condena a concurrir al pago de las costas del juicio.
Lamentablemente dicho pago, siendo una buena señal para inducir a la responsabilidad que debe observarse al presentar querellas, por afectar a un organismo financiado con recursos fiscales, se presume que no gravará a quienes debieran responder pecuniariamente, si no que se efectuará con cargo a su presupuesto.
Siendo así, es improbable que dicha resolución judicial logre alterar una línea de conducta puesta en evidencia a través del tiempo y que sería, para sus directivos, una demostración de independencia y autonomía.
¿Qué habría que fortalecer entonces?
Habrá que esperar las propuestas de esta nueva comisión ad hoc.
Pero lo curioso de esta carta, a mi juicio, reside en el argumento esgrimido por los firmantes para defender la existencia de este instituto, amenazado de cierre por una candidata a la presidencia de la nación.
Ella, según entendieron los investigadores, “le recordó a todo Chile que, para un vasto sector de la derecha, la tortura, la muerte, la desaparición forzada y la prisión política son un costo “inevitable” que se tuvo que pagar para sacar a Chile de una supuesta “guerra civil”.
Al igual que otro columnista, aludido en anterior carta de mi autoría, entendieron mal o interpretaron a su amaño dichas declaraciones, ya que no hubo una guerra civil de la cual había que “salir” sino una que había que evitar, una vez que los actores políticos optaron por desahuciar todo entendimiento.
Pareciera, entonces, que en este tema, la ideología tiende a nublar la comprensión lectora de personas que se supone bien instruidas.
La salida fue el golpe de estado, forma a la que recurrieron los mandos de las fuerzas armadas y de orden como última instancia. Ya se habían pronunciado, sin efecto visible, los otros poderes del Estado. No era función de dichos mandos, ni lo es, mediar en un conflicto de esa naturaleza.
Y si piensan los investigadores que ante una hipotética crisis, similar a la de 1973, va a ser el instituto cuyo fortalecimiento defienden, el llamado a evitar una violenta solución, me temo que pecan de optimismo, quizás por no haber vivido los 1000 días de la Unidad Popular.
Humberto Julio Reyes