Durante las últimas semanas, la Superintendencia de Pensiones ha publicado diversas normas en consulta, lo que es usual dentro del proceso de dictar normas administrativas.

Lo inusual, sin embargo, es que en algunas de ellas parece intentar regular aspectos que no están en la ley y que derechamente requieren de un debate legislativo propio como, por ejemplo, la que busca regular un nuevo deber de información respecto de lo que las administradoras hagan con ingresos propios (y no los fondos que administra en nombre de los trabajadores).

Si la Superintendencia de Pensiones fuera dirigida como el Banco Central, es decir, por un consejo de carácter técnico e independiente, probablemente no habría polémicas como ésta, pero la realidad es otra. El Superintendente de Pensiones, que teóricamente goza de autonomía, en la práctica depende del gobierno de turno, responde a pretensiones políticas y, por lo tanto, no entrega las garantías necesarias que justifiquen una regulación administrativa en desmedro de una regulación legal.

Rodrigo Meléndez Barrena