Una gran expectativa generó en la población chilena, la elección de Gobernadores Regionales implementada a partir de 2021. Constituía un paso clave en el proceso de descentralización del país, trayendo consigo la posibilidad de avanzar hacia una mayor autonomía de las regiones y gestión de manera más cercana a las necesidades de la comunidad. Sin embargo, también enfrentaba grandes desafíos, especialmente en cuanto a la coordinación con el gobierno central, la disponibilidad de recursos y la capacidad institucional para abordar los desafíos locales.

A priori sabíamos que el escenario si bien era prometedor, a la vez era complejo, esta nueva figura venía acompañada de los Delegado Presidenciales que reemplazarían al antiguo Intendente, radicando en ellos las funciones de Gobierno, dejando a los Gobiernos Regionales -encabezados por los nuevos Gobernadores- las de Administración. De esta forma se generó una convivencia entre el representante natural e inmediato del Presidente de la República en la región (Delegado Presidencial) y el representante de la comunidad regional (Gobernador), una dualidad de funciones entre ambos que ha impedido a la ciudadanía distinguir y diferenciar las funciones y competencias de uno y otro y no percibir el verdadero cambio. El jefe superior de los servicios públicos en la región es el Delegado Presidencial y no el Gobernador, sin embargo, los ciudadanos reconocen a este último. Una descentralización a la chilena, desde el centro, con el centro y para el centro.

Santiago no es Chile, pero se parece. “Dios está en todas partes, pero atiende en Santiago”, suelo decirles a mis alumnos y alumnas. La expectativa de avanzar hacia una verdadera descentralización formal y material a favor de las regiones fue percibida y recogida por el gobierno actual, quien planteó como una de sus promesas de campaña la modificación y eliminación de la figura del Delegado Presidencial, para potenciar a los Gobernadores, otorgándole un mayor grado de autonomía a las regiones a través de la autoridad elegida directamente por la ciudadanía. En la práctica, al día de hoy el sistema se mantiene sin modificación.

Emilio Garrote Campillay

Académico de Derecho Público

Departamento Ciencias Jurídicas

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Universidad de Atacama