Junto con saludar, me permito manifestar mi profunda preocupación por los efectos del dictamen N° E561358/2024 de la Contraloría General de la República, que resolvió abstenerse de emitir pronunciamientos en causas vinculadas al principio de confianza legítima, derivando su resolución exclusivamente a la vía judicial.

Este giro contraviene años de doctrina administrativa —reflejada en dictámenes como el 70.966/2016 y 85.700/2016— e incluso lo que expresa el Estatuto Administrativo Interpretado y Concordado (2024) firmado por la misma contralora, que señala en su página 20 que el principio de confianza legítima se configura desde la segunda renovación anual de un funcionario a contrata, generando una expectativa razonable de continuidad.

Cabe destacar las gestiones emprendidas por Raimundo Palamara y la Fundación Fuerza Ciudadana, que interpusieron un recurso de protección en defensa de los funcionarios afectados. Si bien inicialmente se obtuvo una suspensión de los efectos del dictamen, la Corte de Apelaciones de Santiago, en febrero de 2025, rechazó el recurso, entre otras señalando que la petición del abogado se basa en supuestos, en hechos futuros y eventuales.

Pese a ello, la Contraloría no ha emitido pronunciamiento respecto de los casos que fueron debidamente ingresados soló una vez que se dio la orden de no innovar en diciembre del 2024, manteniendo en la incertidumbre a cientos de funcionarios y funcionarias que esperan respuestas en derecho. Esta omisión administrativa prolonga la inseguridad jurídica y desprotege a quienes han cumplido años de servicio público.

En un contexto donde se demanda excelencia, probidad y compromiso en la función pública, es inadmisible que quienes han sostenido por años el quehacer del Estado sean hoy privados de una garantía mínima como lo es la confianza legítima. Se hace necesario y urgente un pronunciamiento sobre los casos aún pendientes de respuesta por parte de la Contraloría.

Maribel Yáñez Vergara