La inauguración del año judicial 2025 marca un momento crucial para nuestro sistema de justicia, más allá de la tradición. Tras un 2024 lleno de escándalos que minaron la confianza en el Poder Judicial, este acto debe ser el inicio de una renovación profunda que recupere su prestigio.

El año pasado dejó un saldo grave: corrupción, decisiones polémicas y una Justicia percibida como alejada de su esencia. Estos problemas, más allá de la imagen, reflejan fallas estructurales que han permitido la injerencia de intereses externos en una institución que debe ser independiente.

La politización de la justicia, junto con expulsiones de jueces marcadas por sospechas de cálculos políticos, exige una reforma seria. No bastan palabras ni cambios superficiales; se necesita abordar las causas de raíz para restaurar la fe ciudadana.

El eje de esta transformación debe ser un nuevo sistema de nombramiento de jueces, basado en méritos, transparencia y rigor, libre de interferencias. Solo así se garantizará una judicatura independiente, comprometida con el derecho y no con favores o lealtades.

Esta reforma mejoraría la imagen judicial y fortalecería la confianza pública al mostrar que los jueces sirven a todos, no a unos pocos. Un proceso sólido también desalentaría conductas indebidas, bloqueando el acceso de intereses ocultos.

El 2025 no puede ser más de lo mismo. Es la oportunidad de superar escándalos y politización con una reforma que devuelva a la Justicia su legitimidad, basada en el servicio honesto. Instituciones y ciudadanos deben impulsar este cambio.

Diego Palomo Vélez

Profesor Titular

Evelyn Vieyra Luna

Profesora Conferenciante

Universidad de Talca

Miembros de la Comisión de estudio y revisión de proyecto de reforma al sistema de designación de jueces