El gobierno ha declarado constantemente que su principal preocupación son los derechos humanos de todos los ciudadanos.  En esta línea, el Presidente Gabriel Boric ha destacado la protección de los mismos como uno de los objetivos principales de su administración.  Así en una de sus cuentas públicas mencionó que su respeto irrestricto a tales derechos es una política  de Estado que debe ser aplicada sin importar el color político del gobierno, haciendo hincapié en la importancia de incluir a los adultos mayores, mencionando la necesidad de promover políticas inclusivas y de protección para garantizar una vejez digna.

En el país, hay aproximadamente 400 adultos mayores que cumplen condenas en diferentes centros penitenciarios por hechos ocurridos hace más de 50 años cuyas sentencias se dictaron en un procedimiento inquisitivo, derogado por anacrónico e injusto. Estos adultos con una edad promedio cercana a los 80 años, padecen enfermedades crónicas, terminales, problemas neurológicos, psicológicos, y limitaciones de movilidad. El hacinamiento en que se encuentran supera el 100% de capacidad  de los centros penitenciarios: Colina 1, Punta Peuco, y San Joaquín (para mujeres).

La preocupación manifestada por  S.E.,  debería considerar la situación descrita, especialmente dado el actual déficit de recintos carcelarios,  promoviendo  el cumplimiento  de las penas  de tales individuos  bajo  la forma de arresto domiciliario, libertad vigilada o  condicional, como ocurre en otros países. Esto liberaría alrededor de cientos de cupos que podrían ser utilizados por quienes hoy constituyen un real peligro para la sociedad, los delincuentes comunes,  dando una solución inmediata a la falta de espacios carcelarios,  junto con  promover la unión y la reconciliación nacional,  demostrando que la verdadera justicia no es venganza.  Aristóteles nos recuerda que: “Separado de la ley y la justicia, el hombre se convierte en el peor de los animales”.

Luciano Cruz Muñoz