Pese a que resulta evidente tener claro el objetivo de alguna política, a menudo esto se olvida. Respecto al impuesto a los “súper ricos”, de acuerdo al mensaje del proyecto de reforma constitucional, este busca ser recaudador.

La historia indica que el año 1965 las disposiciones transitorias de la Ley 16.250, establecieron un impuesto a la “renta mínima presunta”, que equivalía a una renta de un 8% del capital. Esta fórmula es similar a la actual: el capital era definido como la diferencia entre el activo y el pasivo exigible, por lo que la declaración y pago del impuesto coinciden.

De acuerdo a un estudio en desarrollo de Isaías Mora (2021), este impuesto recaudó el 0,66% del PIB anual en 1965 y 0,19% en 1969. Su recaudación decayó en los años venideros, hasta alcanzar un 0,13%, en 1973 y 0,29%, en 1974, último año de aplicación.

Es importante señalar que las comparaciones históricas se hacen con precaución. A diferencia de aquel entonces, hoy los mecanismos de fiscalización son más avanzados. Lo relevante de esto es que nunca llegó a recaudar el 1% del PIB.

Si el objetivo es que sea un impuesto recaudador, la experiencia indica que no lo ha sido en el pasado en Chile y otros países.

Los académicos no tenemos la última palabra al determinar un impuesto. Nuestro trabajo es proporcionar la mayor evidencia, para que se tomen decisiones estudiadas con mesura y evidencia. Esta sigue siendo la mejor manera de implementar políticas públicas que nos beneficien a todos.

 

Gonzalo Polanco Z.

Director Centro de Estudios Tributarios

Académico Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información

Facultad de Economía y Negocios

Universidad de Chile