Durante los últimos días hemos podido ver un desfile de críticas constantes por parlamentarios de la DC y diferentes sectores de la oposición contra el ministro Ignacio Briones, a raíz de la solicitud de los números de RUT por parte de la Subsecretaría de Hacienda hacia la Superintendencia de Pensiones, de las personas que habían realizado el primer retiro del 10% de sus fondos de pensiones.

Resulta curiosa esta crítica, ya que no es primera vez que se realiza dicha solicitud, la cual además se encuentra dentro del marco de competencias de los órganos involucrados, cuya actuación está respaldada por el artículo 56 de la ley N° 20.403 la que, además, exige un deber de confidencialidad, control y fiscalización del manejo de los datos.

El uso de datos personales por parte de los órganos de la Administración del Estado no debiese ser un problema, siempre y cuando se respeten los principios y exigencias de la ley. Tal como señaló el Ministro de Hacienda hace unos días, estos servirán para generar información estadística, la que permitirá formular políticas públicas de forma más eficiente.

Esto deja en evidencia que nuevamente existe la necesidad de modernizar el Estado y seguir avanzando en la reforma que regula la protección y tratamiento de los datos personales, esta última aún se encuentra durmiendo en el Congreso, pero al parecer la oposición hace oídos sordos a ello, y se encarga de instrumentalizar esta polémica con el fin de obtener ganancias políticas, solo basta con ver las declaraciones de la diputada Jiles.

Esperamos que durante los próximos días la discusión política se centre en generar soluciones razonables, enfocadas en la ciudadanía con propuestas concretas que produzcan un diálogo entre los distintos sectores y se deje de lado el oportunismo político para avanzar en las reformas que el Estado necesita.

Matías Moreno Pino Estudiante de Derecho, Universidad Austral de Chile

Eduardo Zuchel Muñoz Estudiante de Administración Pública, Universidad Austral de Chile.