Toda ley debe estar diseñada del modo más adecuado posible para cumplir el propósito para el que fue creada. Esto es un punto en el que todos deberíamos estar de acuerdo.

En consecuencia, la eficacia de una ley puede evaluarse según su capacidad para alcanzar dicho propósito. Si no lo logra, la ley resulta ineficaz y, por ende, inapropiada para el fin que busca realizar. En este sentido, la evidencia debe guiar la reflexión legislativa y orientar, de la mejor manera posible, la producción normativa. Diseñar leyes sin considerar datos empíricos sobre su impacto, efectividad o implementación no solo compromete su legitimidad, sino también su capacidad real de transformar la realidad que pretende regular.

Por ejemplo, la ley “Papito Corazón” demuestra cómo una disposición legal basada en la evidencia puede cumplir eficazmente su objetivo y generar un impacto concreto en la protección del interés superior de niños, niñas y adolescentes. Este es un buen ejemplo de política pública.

Sin embargo, también existen malos ejemplos de leyes que, aunque pueden persiguen objetivos legítimos, no logran responder de manera eficaz al propósito que se proponen alcanzar. Entre ellos se encuentra la criminalización del aborto, cuya aplicación ha demostrado en numerosos contextos no solo su ineficacia para reducir la incidencia de abortos, sino también su profundo efecto negativo en la salud y dignidad de las mujeres y personas gestantes. La evidencia en este caso sugiere que más que prevenir, estas leyes perpetúan desigualdades y daños estructurales.

Florencia Pinto

Socia de la Comisión de Derechos Sexuales y Reproductivos

ABOFEM