«Actuamos de buena fe y no recibimos ningún peso”. Estos fueron partes de los argumentos que esbozó la exsenadora Isabel Allende para, al menos ante la opinión pública, esquivar la responsabilidad política que le cabe por la celebración (inconstitucional) de la compraventa por la casa de Salvador Allende.

La destitución es considerable no sólo por tratarse de la primera parlamentaria destituida por el Tribunal Constitucional, sino también, porque da eficacia al principio de imperio de la ley aplicable tanto a gobernantes como gobernados. Asimismo, se reafirma que nadie puede eximirse de las responsabilidades que generen las infracciones al ordenamiento legal so pretexto desconocerlo, pues la ley se presume conocida por todos desde su publicación en el Diario Oficial o el medio que indique la ley.

Por tanto, cabe preguntarse ¿Se ajusta a conciencia que la exsenadora esquive su responsabilidad política expresando una actuación “de buena fe”? Considérese que alrededor de 17 asesores jurídicos participaron en los tratamientos preliminares como en la celebración del contrato. En conclusión, legalmente la exsenadora fue irresponsable constitucionalmente, y políticamente también, lo demás es aprovecharse de su ignorancia para efectos políticos.

Nicolás Gómez Orrego

Dirigente estudiantil UCSC