Es muy difícil entender que un estallido social, con la violencia que hubo en las principales ciudades del país tuviera como causa principal la constitución vigente, que debe contener más de 200 materias legales diferentes y que  ha estado funcionando 42 años, hasta hoy día.

La baja escolaridad y la poca o nula capacitación laboral a la que accede esta población definen en gran medida las posibilidades de inserción laboral en ámbitos de trabajo formal.

Por la calle Bandera, a un costado de la antigua sede del poder legislativo, transcurría el Camino del Inca. Siglos después, la calle Bandera vuelve a tener un importante significado simbólico, asociado esta vez al proyecto decimonónico de la naciente República de Chile.

Algunas de las compañías de luz baratas están comenzando a comercializar energías renovables a través de la adquisición de electricidad a productores de energías limpias como la energía solar o la eólica. De esta forma los consumidores remuneran y apoyan la producción de energía renovable con las llamadas tarifas ecológicas.

Lo que la ley presume justificado para todos los efectos legales es el tope máximo fijado por la Superintendencia y no el porcentaje en que cada Isapre decida aumentar sus respectivos planes.

La norma del artículo 103 del mismo Código establece un beneficio temporal objetivo denominado impropiamente “media prescripción”, ya que su naturaleza es absolutamente diferente al de la prescripción, pues trabaja sobre el elemento temporal no para extinguir la responsabilidad penal como en la prescripción, sino que para reducir la pena imponible.

Si revisamos constituciones de otros países, y no me refiero precisamente a estados dominados por ideologías de izquierda (como si ello fuera malo per se) nos daremos cuenta de que la propuesta de la Convención es mucho más robusta que los casos de España o Alemania.

Se deja en claro que ni el actual alcalde de Estación Central, conforme lo señala el artículo 148°de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), ni la Seremi de Vivienda y Urbanismo, acorde al mandato del artículo 157° de la misma LGUC, han ordenado la demolición de las torres ilegales, como tampoco lo han exigido los aludidos 6 ciudadanos.

Es especialmente llamativo que la resolución que dispuso la prisión preventiva y que fue revocada por la Corte, señale como supuesto fundamento que, en esta segunda oportunidad, el Tribunal tenía “una integración distinta”; como si los criterios personales de los jueces permitieran modificar resoluciones del mismo tribunal, sin necesidad de justificar el cambio de circunstancias, tal como lo exige la ley.

Es pertinente hablar del proceso constituyente, una movilización sin líderes, pero como una masa pensante, a su vez, con tópicos claros, más derechos, garantías de cambios y el concepto más relevante -DIGNIDAD-, la masa unida para hacerse escuchar frente a un momento caótico.