Las modificaciones introducidas por la nueva ley deberán serle aplicadas solo a los condenados por delitos cuyo principio de ejecución haya tenido lugar con posterioridad a la fecha de su entrada en vigor.

Resulta indispensable, dada la gravedad del hecho, que el Ministerio Público invoque todas las herramientas que entrega nuestra legislación para que las eventuales sanciones penales sean proporcionadas al delito.

Si la circunstancia de tratarse de un «delito de lesa humanidad» ya fue ponderada al dictar sentencia, ¿cuál es la razón para sumarle otra pena al condenado, al exigirle requisitos adicionales para otorgarle la libertad condicional?

Ello genera un perfil mediático de su dirección que expone al ente contralor a convertirse en protagonista de algún programa de farándula televisiva.

Resulta evidente la necesidad de modernizar la Contraloría General de la República, su tradicional prestigio y seriedad, hoy, es innegable, se enfrenta a crecientes problemas.

En caso de aprobarse la nueva ley, no afectaría a los militares condenados por supuestos «delitos de lesa humanidad».

La nueva legislación va a generar un efecto muy importante, particularmente, en el ámbito de las negociaciones empresariales, llevando a las personas jurídicas a auto regularse de una manera extremadamente diligente.

Tomar decisiones acertadas al comprar un bien inmobiliario, puede hacer la diferencia entre una inversión rentable y un gran dolor de cabeza.

Una cosa es no haber dicho la verdad respecto a las cámaras de vigilancia y, otra, es borrar las imágenes registradas del operativo. En el primer caso podría haber perjurio. En el segundo, ¿obstrucción a la investigación?

El activismo judicial – de los jueces que presumen estar por sobre la ley y que fallan sobre la base de sus creencias o convicciones personales y no de acuerdo con lo que la Constitución y las leyes señalan – lesiona el Estado de Derecho.