Los Consejos de Cuenca no están recogidos ni en la Constitución ni en la ley, cuestión que desde ya nos permite delimitar sus posibles alcances, porque mientras los privados podemos ejecutar todo lo que la ley no nos prohíba, los órganos públicos sólo pueden ejecutar lo que la ley les mandata.

Ante los avances tecnológicos de hoy en día, en el que se visualiza que la inteligencia artificial cada día más puede aplicarse en distintos ámbitos, cabe preguntarse cómo está podría ayudar a hacer más rápido y eficiente el proceso.

El actual Consejo Constitucional no es un órgano constituyente originario, con poderes ilimitados, omnímodos o refundacionales, es decir, no parte de una “hoja en blanco”, sino de los límites que la Constitución vigente les fija, en forma y contenido, entre las cuales están las “bases de la institucionalidad” de los doce numerales del artículo 154, que “deberá contener” la propuesta de nueva Constitución, sin perjuicio de que el mencionado Consejo añada otras bases.

Quien debía cuidarnos no lo hizo. Por el contrario, la primera en «entregar todo» ante este asalto, fue la clase política que de manera casi unánime, les dijo a los chilenos, cuál era la salida. Y naturalmente, como en una encerrona o portonazo, los chilenos coaccionados también entregaron «las llaves» en aquel plebiscito de entrada.

El histórico y bondadoso cauce constitucional comparado parece no tener ninguna gravitación positiva en nuestro país, puesto que, cuando los gobernantes de un sistema político creadores de una Constitución (7-10-2009) se vuelven intolerantes con el modelo de Estado Plurinacional y frecuentemente violan la Constitución convirtiéndola en un instrumento “de poder político”, sin que el Tribunal Constitucional ofrezca las mínimas garantías, la postura del supremo garante no deja de provocar inseguridad jurídica y hasta de una presencia omisiva responsable.

La eficiencia del gasto público es una constante sin alcanzar por las administraciones públicas, ya que ellas, carecen de cálculo económico y explicado de otra forma, nunca asumen las pérdidas. A esto sumado que, durante los últimos años ha sido más que evidente la expansión del aparato burocrático, sin ningún tipo de freno.

La reciente elección de los integrantes del Consejo Constitucional cambia el panorama político en relación a la redacción de la nueva Constitución. La amplia victoria obtenida en las urnas en todo el país por el Partido Republicano, sumado a los escaños también obtenidos por Chile Seguro, deja a este sector en una posición de control de lo que serán los resultados del proceso constitucional. Los efectos que esto tendrá en lo inmediato en la actual etapa, que realiza la Comisión Experta, aún son inciertos.

La Constitución de 1980 dista de ser la Constitución de Pinochet, sino más bien aquella que surge en un momento de inestabilidad política a partir del trabajo de una comisión integrada por expertos es derecho constitucional: Jaime Guzmán, Enrique Ortúzar, Luz Bulnes, Raúl Bertelsen, Gustavo Lorca, entre otros. Ellos realizaron un anteproyecto que revisó el gobierno, para luego someterlo al plebiscito del que puede ser válida una duda sobre su conformidad ante derecho. En cualquier caso, todo aquello de lo que esa Constitución pudo haber incluido para favorecer el gobierno de la Junta Militar, o de Augusto Pinochet, se reformó en democracia.

Los usuarios de plataformas digitales como Facebook, Instagram, Twitter, entre otras, se encargan se enjuiciar, mejor dicho, de condenar y lapidar públicamente a un individuo, sin miramientos, enlodando de forma masiva y sistemática la imagen de un ser humano, dejando de lado todo tipo de empatía y el daño colateral que estos acontecimientos pueden causar en la vida de la víctima de una funa.

El curso de acción debe, más bien, apuntar a evaluar y optimizar el funcionamiento de los organismos y normativas aplicables en todos los ámbitos vinculados con la globalización, incluida la materia migratoria, a potenciar la inteligencia del Estado chileno en los ámbitos de seguridad interna e internacional que correspondan y fortalecer sus estrategias de seguridad interna, sin incurrir en abusos, discriminaciones y respuestas contrarias a la vigente Constitución Política de la República y a obligaciones internacionales ratificadas por el Estado chileno.