El resultado fue magnífico: el artículo de consenso tiene un calce justo con la medida de nuestra sociedad, refleja lo que queremos para un Chile que avanza. Asimismo, la indicación 28, que busca la creación de un órgano estatal animal fomenta la eficiencia administrativa y económica del Estado, siendo un pendiente indiscutido ante la falta de armonía orgánica al respecto, tan criticada en nuestro país.

Estimo es ya demasiado tarde para alcanzar un acuerdo que modifique los términos del plebiscito de salida, como también que ello produciría enorme confusión entre los votantes y una torpe dispersión de los votos de quienes, ya crecientemente, por variadas y bien fundadas razones están tomado la decisión de rechazar el texto que en partes fundamentales se encuentra ya aprobado en la Convención.

Mientras el Estado social, en su versión original, dio lugar a un Estado de Bienestar, con numerosos servicios públicos y empresas de titularidad estatal operando en la sociedad, el Estado garante postula reorientar el rol de la Administración.

La ley como ordenadora de la vida y de la agenda pública, permitirá contar con una política climática clara que se ha ido conformando desde el año 2006 con la primera estrategia de Cambio Climático y con muchos instrumentos que ahora de modo ordenado, permiten vislumbrar la arquitectura climática con la que Chile pretende enfrentar la emergencia climática.

Los valores del siglo XXI resaltan la diferencia como una cualidad positiva bajo el concepto de la diversidad. El resultado ha sido el creciente número de chilenos que se identifican como mapuches, lo cual sería imposible en una cultura que aún reniega de sus raíces mapuches.

Como bien dijo el Presidente Boric en la misma entrevista, sería de “arrogancia supina” avizorar una solución cortoplacista a la situación de conflicto. Pero ello no impide plantear elementos centrales que debieran estar en toda agenda seria y bien pensada que por su propia envergadura, no son posibles sin un “acuerdo país”.

El pecado capital entonces, es que el legislador sabiendo que la jurisprudencia  ya venía desconociendo la relación de trabajo de estos trabajadores en sus sentencias bajo el artículo 7 actual, no ha precisado de otros indicios tendiente a permitir superar la problemática en la que se encontraban, “delegando la solución” en aquello que no estaba permitiendo ser útil para la protección de sus derechos (los elementos del art. 7 del CT).

No lo es la enumeración de las aspiraciones más sentidas por una comunidad humana. Porque una aspiración –por generalizada que sea–  es un sueño y no una realidad sobre la cual se pueda construir una organización  política estable.

Acá cabe preguntarse, ¿se encuentra este debate en condiciones de dejarlo cerrado y sellado bajo quórum calificado? Pareciera ser que no, considerando lo dividido de la opinión en relación a esta materia, a nivel general de sociedad y no solo de los actores políticos.

Es fundamental discutir temas como vejez y envejecimiento desde la perspectiva LGBTQAI+, no es un mito a estas alturas que somos un país que está envejeciendo aceleradamente.