Se constata una vez más que la ineficiencia de la acción pública y el síndrome populista de nuestra clase política provoca fallas que afectan a los contribuyentes en nombre de mayor justicia social. Y que realmente, no existe algo como un “precio justo” sino que más bien solo existe un precio, en el que cada individuo desde un juicio personal determina el valor que le quiera asignar, siendo ese valor subjetivo.
La Comisión considera que la decisión del expresidente Pedro Castillo no se ajustaba a ninguna causal constitucional que habilitara la disolución del Congreso; tampoco estaba facultado constitucionalmente para ordenar la reorganización del Poder Judicial de manera unilateral. Por tal motivo, condena la decisión y la califica como un rompimiento del orden constitucional.
El Día de los Patrimonios se instauró en el año 1999 como una instancia de encuentro y reflexión en torno al patrimonio nacional, a celebrarse el último domingo de cada mes de mayo. Desde esa época, pese a las trabas burocráticas e incomprensiones institucionales que ha enfrentado durante su historia, esta celebración se ha convertido en un “clásico” de la cartelera cultural nacional para millones de ciudadanos cada año, quienes han pasado de ser meros espectadores a protagonistas de la jornada.
La periodista de El Mercurio pidió determinada información a la USACH porque la ley de transparencia le franquea esa posibilidad; la profesora Elisa Loncón se negó a que se entregara su información personal porque la ley le entrega la posibilidad de negarse (otra cosa distinta es si las razones para ello son válidas y sostenibles); a su turno, la Universidad de Santiago de Chile no entregó la información requerida, pues está legalmente impedida de hacerlo, y no por una cuestión de capricho.
Cabe destacar que han existido cientos de jóvenes licenciados de derecho que han sufrido la vulneración de sus derechos humanos en materia de titulación ante la Corte Suprema, lo cual ha venido ocurriendo por una falta de control en la gestión administrativa interna del Máximo Tribunal en dichos asuntos no judiciales, y ello ha venido socavando derechos constitucionales de las personas licenciadas de derecho.
La ley 21.484, cuyo estandarte es la retención de fondos AFP para el pago de la deuda alimenticia (artículo 19 quinquies), no ha tenido la recepción esperada por la ciudadanía, y peor aún, no ha tenido buena recepción por parte de los mismos Tribunales de Justicia. Esto debido a que se han dado señales confusas sobre su aplicación.
Los interesados detractores de la Corte Suprema argumentan que ella carece de atribuciones para involucrarse en esta materia, a quienes les respondemos que, si dicha Corte, no se «hubiera mojado el potito» para zanjar esta situación ilegal, el problema continuaría campante a vista y paciencia de todos los involucrados.
Recientemente se suma un nuevo acto terrorista a la lista de atentados. Esta vez en Panguipulli (región de los Ríos) donde un grupo armado ataca a Carabineros, mientras cumplían labores preventivas. Lo anterior, refleja que el conflicto sigue en escalada y que la expansión de este no puede reducirse a un factor meramente territorial o reivindicatorio, ya que, es importante también considerar que el conflicto responde -además- a un proceso de subversión.
Cabría comentar que la ley 21.124 del 18 de enero de 2019 —que aumentó desde la mitad hasta dos tercios de la condena el tiempo mínimo que debe transcurrir respecto de ciertos delitos para poder solicitar el beneficio de la libertad condicional— no debe ser aplicada con efecto retroactivo.
Los Consejos de Cuenca no están recogidos ni en la Constitución ni en la ley, cuestión que desde ya nos permite delimitar sus posibles alcances, porque mientras los privados podemos ejecutar todo lo que la ley no nos prohíba, los órganos públicos sólo pueden ejecutar lo que la ley les mandata.
