Fiel a su estilo, quienes están a cargo de proponer las reglas de este Congreso buscan, a toda costa, bajar el quórum de esta elección sin tener ninguna atribución para hacerlo, revelando su espíritu más autoritario.
La presidenta del Colegio Médico Izkia Sichez presentó una propuesta alternativa al plan paso a paso del gobierno que consistiría en la creación de un Consejo de Manejo de la Pandemia y e implantar un programa de cinco fases que implicaría suspender casi todas las actividades económicas por tres semanas.
No sería de extrañar que algunos convencionales constituyentes propongan redactar la nueva Constitución con un lenguaje inclusivo de género.
El Laboratorio desempeña tres grandes áreas, consultoría ágil, red de innovadores, e índice de innovación, las que han permitido contribuir a diversas instituciones públicas en sus procesos de mejoramiento. Sin embargo, persiste la ausencia de colaboración interinstitucional para innovar y desde luego otras falencias propias de la administración.
El debate sobre la descentralización en Chile no es un tema que sea nuevo ni poco estudiado, pero en los próximos años pasará a tener una relevancia sin precedentes gracias a la nueva constitución.
Los problemas que hoy nos plantea la educación y las políticas públicas, más que preocuparse de un proceso de elevación cultural, suscitan la segmentación y acrecientan aún más la brecha social en términos de calidad y equidad.
Más allá de cualquier aserción acerca del matrimonio igualitario o el proyecto de ley que busca aprobarlo, resulta extraño la súbita urgencia que el Presidente Piñera ha otorgado a este proyecto.
Un procedimiento se instala para un leal, correcto y adecuado desenvolvimiento de los operadores. En este caso, de los constituyentes. Y son estas personas las encargadas de redactar su propio reglamento.
Durante los últimos años, el número de víctimas de violencia infantil se ha incrementado en zonas de conflicto, por lo que es necesario poner una urgencia en el derecho internacional humanitario para promover el bienestar psicosocial de niños, niñas y adolescentes.
Si bien una ley tiene mayor fuerza que un Decreto, en estricto rigor, ya debería ser exigible censurar toda forma de expresión que no se ajuste a lo ya señalado.
