Si se considera como un poder que solo puede ser ejercido por civiles, expresa la idea de algo inexistente; aunque podría ser aceptada como sinónimo de poder político —el poder ejercido por los encargados del gobierno de la ciudad, según Santo Tomás— el que puede ser ejercido tanto por civiles como por militares.
Se concluye, sin lugar a dudas, que el amenazado ministro Esteban Valenzuela lo único que desea es que se cumplan las disposiciones de este DL 3.516, comportamiento que lo enaltece como funcionario público.
En específico la SMA, ha tenido un devenir importante en la historia ambiental del país en estos 10 años, incluyendo hitos tales como la clausura definitiva del proyecto Pascua Lama, las fiscalizaciones remotas a la industria de la salmonicultura, la realización de cerca de 2.000 procedimientos sancionatorios o las multas por cerca de $10 millones de dólares a Minera Lumina Copper por el proyecto Caserones, el monto más elevado en sanciones ambientales en el país, por citar algunos.
Algunos extranjeros delinquen, así como algunos nacionales también lo hacen. Sin embargo, imputar la delincuencia a las comunidades extranjeras, agrava su situación de vulnerabilidad y potencia los prejuicios sociales, afectando los procesos de inclusión e integración. La percepción de la sociedad, bajo esta mirada, puede transitar rápidamente de considerar al extranjero como sujeto a quien debemos acoger a considerarlo como el enemigo.
En estos meses hemos sabido de todo tipo de formulaciones cruzadas y de desacuerdos permanentes, lo que demuestra que los negociadores están metidos en un “zapato chino” y bien se puede conjeturar que al final acordarán un completo incordio con tal de salir del paso.
La vía lógica para acabar con la judicialización era que se dicte una ley que reemplace las normas derogadas. No obstante, la Corte Suprema decidió el pasado 30 de noviembre acabar con esta laguna de una forma curiosa e innovadora otorgando rango legal a una norma administrativa que había sido dictada hace tres años y que fue establecida para regir únicamente para los nuevos planes que fueran ofertados.
En cartas y columnas que ha tenido a bien publicarme El Mercurio de Valparaíso he denunciado, fundadamente, que “Chile es un país que se ha quedado sin orden, sin autoridad y sin ley”; en redes sociales he leído la expresión “Chile es un Estado fallido” expresión que, por certera, ahora, con tristeza, hago mía. Los responsables de esta situación son las actuales autoridades políticas del país (y también las anteriores) bajo las cuales este fenómeno va en aumento cada día.
La vía interpretativa para delimitar bordes a una exención tiene dificultades. En primer lugar, la autoridad tributaria solo puede interpretar la ley, y como dice muy poco no puede entregar elementos en base a algo no regulado. En segundo lugar, las interpretaciones administrativas son vinculantes para los funcionarios, y no los contribuyentes, por lo que se pueden discutir en tribunales. Esto puede generar una mayor judicialización de las operaciones, pues la interpretación del SII, respecto que deben ser sociedades de personas es discutible.
«Ejemplo de ello, ocurrió cuando la Cámara aprobó un Proyecto de Acuerdo que tenía que ver con pagar la deuda histórica de los profesores. Ese día la gente festejaba en las tribunas, pero después se dieron cuenta que solo se trataba de una solicitud al presidente. Era un show mediático, que en la práctica, pocas veces se traduce en avances concretos. Esta modificación transparenta que solo se trata de acuerdos administrativos.», especificó la diputada Claudia Mix, autora del proyecto.
La precautoria solicitada por los avispados comerciantes fue otorgada por la jueza Lidia Hevia del 7° Juzgado Civil de Santiago y naturalmente los ministros Carlos Montes, Esteban Valenzuela y Maisa Rojas, de Vivienda y Urbanismo, Agricultura y Medio Ambiente, respectivamente, tendrán que ir a la instancia judicial superior para que se respete el Estado de Derecho. Debemos saber que el actual gobierno está preparando un nuevo marco regulatorio para que las nuevas subdivisiones prediales rurales sean sustentables.
