A partir del mes de enero del presente año, la tasa de retención subirá desde un 10,75% a 11,5%, conforme lo dispone la ley N°21.133. Esta noticia es aún peor cuando se trata de profesionales que cumplen funciones en programas enfocados en los derechos de la niñez.
Esta semana escuchamos el anuncio de la creación de la Defensoría de las Víctimas, que dentro del lenguaje jurídico ya suena algo raro, la víctima no se debe defender en el proceso penal, la víctima ya fue ofendida y ahora es quien acciona e interviene en manera coadyuvante con el fiscal para obtener la sanción del imputado.
Chile ha vuelto a dejar en evidencia cómo ha desatendido sus obligaciones para con el Derecho de la infancia. Esto por cuanto, mucha gente a lo mejor no lo sabe, pero el derecho a recibir alimentos, recursos y cuidados de nuestros padres mientras no se cumple la mayoría de edad es un Derecho Humano y fundamental.
Se necesitan medidas urgentes por parte del Poder Legislativo, a través de propuestas efectivas y no transitorias, con el fin de que las pensiones de los chilenos no continúen peligrando constantemente, frente a un sistema actualmente debilitado
Las declaraciones del Presidente del Partido Comunista en el XXVI Congreso Nacional de la colectividad acerca de “la necesidad de rodear con la movilización de masas el desarrollo de la Convención Constitucional” y que “la lucha… están claramente al margen de un proceso democrático y justificarían la declaración de inconstitucionalidad de dicho Partido».
Es preciso abocarse al criterio de que este tipo de instituciones deben ser sustituidas por un ombudsman que realmente defienda Derechos Humanos no ideologías.
Este domingo 29 se realizaron las elecciones primarias para definir las nominaciones a Alcaldes y Gobernadores Regionales, en medio de una crisis político-social que vivimos desde el año pasado a la cual hay que sumarle que previo a este proceso electoral se vivió una jornada de llamados antidemocráticos a no votar, y de duras protestas […]
Los militares no deben ser reducidos a la calidad de funcionarios moralmente neutros, cuyo único oficio consista en el manejo técnicamente eficiente del arma que se ponga en sus manos.
Quizás sea hora de abordar la posibilidad de la nulidad legislativa, en base principios ya aceptados, y darnos a la tarea de definir sus contornos y alcances.
La estrategia consiste obtener la anulación de ciertas cláusulas abusivas del contrato del CAE por medio de la aplicación de la Ley de protección al consumidor que dice en su artículo 16°. La estrategia suena interesante, pero quizá no es la mejor solución pragmática para los deudores de la educación (entre los cuales me incluyo).
