A pesar de lo intolerable de nuestra situación como país, aún hay personas que tratan la situación de precariedad económica con desprecio e indolencia, con una soberbia y arrogancia marcada en su egoísmo.

Los resultados de la política habitacional no resultan tan favorables, pues si bien se ha logrado una disminución del déficit habitacional, ha prevalecido una lógica económica de mercado en el MINVU.

De acuerdo con nuestra carta fundamental, corresponderá al Presidente de la República la iniciativa exclusiva para establecer o modificar las normas de seguridad social o que incidan en ella, tanto del sector público como privado.

Si bien no existe reconocimiento directo en Chile de un derecho a la «privacidad» en su concepción original como right to privacy, sí es manifiesto en nuestra legislación el expreso reconocimiento de la protección de la vida privada.

Para proteger la economía en estos tiempos de adversidad, necesitamos de un Estado de Derecho fuerte y que tenga legitimidad democrática. Para ello una condición necesaria es la participación electoral.

Es bastante llamativo por decirlo menos que, no se tomen en cuenta los consejos de organismos técnicos especializados en la materia como por ejemplo el COLMED y distintas instituciones públicas, privadas e internacionales, que son de público conocimiento.

El legislador estableció que para generarse la interrupción del plazo por la presentación de la demanda, es necesario, igualmente, que ella se notifique y no bastará su presentación y que no sea declarada inadmisible.

Si bien los «delitos de lesa humanidad» son imprescriptibles, lo cierto es que no existen normas de derecho interno ni de tratados internacionales que establezcan que tales delitos son inamnistiables y que los condenados no sean objeto de beneficios.

Los Partidos políticos de Chile Vamos (RN, UDI, EVÓPOLI) y el oficialismo en general obtienen un gran punto a favor con este acontecimiento, ya que por dicha Mesa pasan gran parte de las decisiones políticas y legislativas relevantes.

Llama la atención la falta de debate sobre la cantidad de datos personales a los que el Estado accederá de manera masiva en relación a distintos comportamientos de los ciudadanos.