La Revocatoria de Mandato es un instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño de la persona titular de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de la confianza.
Nada hacía presagiar la incertidumbre que genera en los abogados y abogadas del mañana observar las atrocidades que se están aprobando actualmente en la Convención Constitucional.
Vengo en sugerir la siguiente propuesta, sustituir el inciso final del artículo 142 de la Carta Magna vigente.
Los recursos de protección por adecuación de plan de isapre son el tópico recurrente del círculo leguleyo durante marzo y abril, sea por dedicarse a ello, o por aventurar la jurisprudencia que vendrá luego de la ley 21.350 que ordena a la Superintendencia de Salud fijar un índice máximo de adecuación, y que en uno de sus pasajes más controversiales, blinda este ejercicio indicando “El índice de variación porcentual así fijado se entenderá justificado para todos los efectos legales”, pero que si lo vemos en detalle, este blindaje al parecer tiene ciertas falencias que seguramente serán explotadas.
En la Convención hemos visto más bien un espíritu de revancha y de venganza, una actitud que nos devuelve a la lógica de amigos y enemigos, donde unos toman fuerza contra otros.
Resulta necesario destacar que la coalición Pacto Histórico (que llevará como candidato presidencial al izquierdista Gustavo Petro), además de ser la consulta interna más votada, también alcanzó un importante resultado en el Senado y en la Cámara de Representantes.
Se busca que los grupos empresariales –con ingresos superiores a los 750 millones de euros–, tengan una tasa mínima efectiva de un 15% sobre sus utilidades mundiales, pudiendo recaudar USD 150 mil millones, tras una implementación gradual a 10 años, según cifras de la OECD.
Da para pensar el discurso del presidente de la Corte Suprema, con ocasión de la inauguración del año judicial, cuando se refiere a la independencia de este poder, ya que difícilmente alguien que crea en la democracia podrá cuestionar la necesidad de la existencia y de la materialización de este principio. Lo que se extraña en su discurso es un cuestionamiento o autocrítica al propio Poder Judicial de Chile. Esta breve opinión pretende problematizar sobre este aspecto y criticar al poder judicial por la ausencia de una efectiva independencia de la que estimamos es esencialmente responsable la propia institución.
La denominada “detención ciudadana” se extrae del artículo 129 de nuestro Código Procesal Penal el que, bajo determinadas circunstancias, permite a cualquier persona detener a quien fuere sorprendido cometiendo un delito.
El resultado fue magnífico: el artículo de consenso tiene un calce justo con la medida de nuestra sociedad, refleja lo que queremos para un Chile que avanza. Asimismo, la indicación 28, que busca la creación de un órgano estatal animal fomenta la eficiencia administrativa y económica del Estado, siendo un pendiente indiscutido ante la falta de armonía orgánica al respecto, tan criticada en nuestro país.
