Agradeciendo encarecidamente el loable esfuerzo que realizan nuestros legisladores de oposición para calcular la viabilidad de más acusaciones en el peor momento de la pandemia, no dejo de preguntarme si sería más efectivo concentrarse en buscar soluciones a los problemas que hoy nos aquejan.

Hoy se conmemora el día mundial de concientización sobre el trastorno de espectro autista (TEA), nos realizamos la siguiente pregunta: ¿cómo están viviendo este confinamiento miles de niñas y adolescentes en el país?  

La Defensoría de la Niñez debería actuar con mucha más fuerza en lo que su misión: encargarse de promover y proteger los derechos humanos de los niños del país.

Foucault argumentaba que los niños eran capaces de consentir sexualmente, y que asumir su incapacidad de entender los hechos y dar su consentimiento constituía un abuso inaceptable.

No basta, con sensibilizar y empoderar únicamente a la ciudadanía, también es sumamente relevante para sensibilizar a las autoridades y clase política sobre las abismantes desigualdades existentes en las 16 regiones de nuestro país.

Cada vez que se ha pretendido legislar, por ejemplo, sobre autonomía progresiva, afloran una serie de discursos que olvidan completamente esta titularidad y simplemente sostienen que los derechos de la niñez están sujetos a la voluntad de sus padres y madres, como si en ello el Estado no jugara ningún rol.

Lamentablemente son numerosos los sectores políticos que se oponen a este sistema —que ellos denominan peyorativamente “modelo neoliberal”— pero que no dan a conocer, explícitamente, por cual lo reemplazarían.

Los hechos se alejan bastante del objetivo de la franja y se centran más bien en la denostación de sectores opuestos, utilizando incluso niños a través de recursos comunicacionales poco adecuados.

Desesperanza es pensar que los niños y niñas son el futuro, lo que más cuidamos en la sociedad y que en realidad gastamos unos cuantiosos números en ellos y ellas, para dejarlos en total desamparo.

Si bien no deja de ser un tema exento de discusión, estudios recientes son contestes en señalar que no hay evidencia suficiente de que los delitos disminuyan porque aumente la pena. Estos indican, que aun cuando la hay, esta disminución es marginal y a un costo económico muy elevado para el Estado.