Para evitar que la Constitución devenga solo una declaración de buenas intenciones y sea jurídicamente vinculante es imperiosa la necesidad de un Tribunal Constitucional.

En medio de una crisis social profunda, nuevamente estamos dejando fuera a niñas, niños y jóvenes, cuando lo que necesitamos hoy con un punto de urgencia, es que la democracia sea fortalecida por todos y todas.

Sin duda el alza de la participación nacional en el plebiscito del 25 de octubre traerá consigo también una alza en las cifras de participación juvenil. La que, esperamos, sea aún mayor que el promedio del país.

Hoy en día la educación se transformó no en un mecanismo de progreso de la sociedad, sino en querer transmitir contenidos, entregar valores o moldear personas más competentes.

El Gobierno está cada vez más constreñido en las acciones que puede tomar, incluso estando facultado por ley.

Increíble que nuestra clase política prefiera cubrir esta crisis con las pensiones de los chilenos y chilenas, en vez de aumentar la deuda pública.

El Coordinador de la Macrozona Sur, Pablo Urquízar, comprometió que “se va a imponer el Estado de Derecho”. ¡Qué gran y esperanzadora noticia!

Lamentablemente, quienes con más o menos experiencia nos dedicamos a la labor de buscar justicia, o intervenimos desde distintas áreas en la aplicación de ésta, podemos ver -y así se evidencia de manera transversal- que el acceso a la justicia tiene más matices que solo una mera “omisión” de redacción” en nuestra Constitución, y se trata más bien de un acceso a un juez.

Históricamente la izquierda siempre ha dependido de medidas en base al gasto fiscal y el endeudamiento para el cumplimiento de su agenda; pero ahora que se presenta un escenario en que el gasto fiscal pareciera ser más que justificable.

Pareciera ser que la discusión acerca de cómo morir es mucho menos controversial que la discusión acerca de cómo vivir.