La razón por la que se ordenó la prisión preventiva de la imputada en un recinto carcelario, a pesar de haberse sustituido esa medida por la prisión domiciliaria, es una errada aplicación del artículo 19 N° 7 letra e), inciso segundo de la Carta Magna.

Una función fundamental en la vida pública y privada de una nación es la de anticipar los posibles futuros en los cuales se verán los beneficios y los perjuicios de decisiones tomadas en un determinado presente, sean decisiones públicas o privadas.

Durante estos últimos días, ha estado en la palestra pública una situación que no puede pasar desapercibida en materia de derechos fundamentales y, más precisamente, de los derechos políticos de las personas privadas de libertad.

Las industrias de materias primas (Imapri´s) ¿Nos conducirán al Desarrollo?

Si queremos ser modernos y usar los avances de las tecnologías y perfeccionamiento de los mercados avancemos en direcciones genuinas de innovación para el progreso, sustentabilidad, confort, descontaminación y menores costos.

En Chile, el efecto natural ha sido amanecer golpeados por una nueva baja en el precio del cobre sin que nada nos permita presagiar su repunte al menos en el corto plazo.

Más allá de las propuestas, ha quedado en evidencia que existen problemas interpretativos, prácticos y funcionales –incluso por parte de los congresistas– en torno a una de las funciones esenciales del desempeño parlamentario: la de representación.

Se negocia mejor con una contra (otra) parte que sabe "el arte del buen negociar" y las posibilidades de encontrar acuerdos superiores y de calidad a través de la negociación no tiene límites, pero los juicios sí.

En cualquier Estado que se quiera llamar democrático, algo tan básico como la dignidad humana debiera ser indispensable, dignidad que no se arregla con un bono o con pensiones de reparación, sino con verdad y con justicia.

Hoy, que atravesamos una crisis de probidad de similares alcances, se vuelve ineludible que las elites retomen su responsabilidad ética con la ciudadanía chilena. La honestidad de la República está en riesgo.

Tenemos razón entonces para pensar que como no ha habido legislador que haya demostrado que no ha recibido en su vida dineros ilegítimos de parte de empresas u otras fuentes nos asalta la duda de si hay alguna ley aprobada en los últimos años que lo sea.

La legitimación judicial significa repartir riesgos entre los litigantes, pero ni el Código de 1903 ni la academia chilena le han dado mayor importancia. A este desinterés se suman los tribunales con fallos como el que la Corte Suprema acaba de dictar en

En el último trimestre el país ha vivido una experiencia límite, así se desprende de lo que se comenta en todos los círculos. En los más de 40 años de consultoría a empresas nunca antes vimos una relación tan imprudente entre empresa y política

La libertad de opinión e información es inherente a la vigencia de un Estado de Derecho, pero ella siempre debe ser respaldada por quien la ejerce

¿Acaso ignora el Poder Ejecutivo que los laboratorios y quienes distribuyen medicamentos tienen algo que aportarle al juez acerca del defecto atribuido al medicamento y a la relación de causalidad que podría haber entre su ingesta y el daño sufrido?

Cualquiera sean las causales que se invoquen para legalizar esta práctica, el proyecto de ley para legalizar el aborto que el Ejecutivo se apresta a enviar al Congreso Nacional, contraría en forma evidente disposiciones expresas de nuestro derecho interno