Cuesta imaginar que, en pleno 2025, aún existan compatriotas procesados y condenados bajo un sistema penal que el propio país dejó atrás hace ya dos décadas, por no cumplir un estándar mínimo de debido proceso.
No hablamos de casos olvidados, ni de páginas cerradas en la historia judicial. Hablamos de hombres que hoy —aquí y ahora— siguen siendo juzgados y condenados sin las garantías mínimas que exige cualquier justicia moderna. Son militares procesados bajo un sistema arcaico, por hechos de hace más de 50 años, en causas que avanzan en completo silencio, sin transparencia, y con fallos que más que aclarar, confunden y hieren.
Lo que ocurre no es sólo un problema jurídico. Es una herida ética. En este sistema antiguo, el mismo juez que investiga es quien acusa, valora la prueba y dicta sentencia. Una figura omnipotente, capaz de construir una hipótesis a su medida y sostenerla hasta el final, aun sin pruebas suficientes. ¿Alguien aceptaría hoy que el fiscal que acusa sea también el que impone la condena? ¿Dónde queda entonces la imparcialidad, la presunción de inocencia, el derecho a defensa?
Lo más grave es que todos estos casos están prescritos. Y sin embargo, los juicios continúan, no para impartir justicia, sino para satisfacer una necesidad simbólica: ofrecer a la opinión pública una ilusión de reparación. El resultado es una condena moral, una sentencia con cárcel y un peso social devastador. Se castiga no con hechos, sino con relatos. No con pruebas, sino con presunciones, que más parecen prejuicios.
Álvaro José Yáñez Mora
Abogado