No deja de llamar la atención cierta obsesión que tienen algunos sectores políticos nacionales con injertar en nuestro sistema instituciones políticas y jurídicas foráneas. Esta semana se conoció que el Gobierno ingresó indicaciones al proyecto de ley de Nuevo Ministerio de Seguridad Pública presentado por el gobierno anterior, añadiéndole a su nombre “y Convivencia Ciudadana”.

Más allá de la indeterminación e inutilidad del concepto antedicho, no debe perderse de vista que dicha denominación es propia de la orgánica de seguridad de Colombia, país tristemente célebre por su posición en el ranking de tasas de homicidio según la Fundación Insight Crime (citada por la Subsecretaría de Prevención del Delito), muy por sobre nuestro país.

Gustavo Valdés Pérez

Abogado PUC