Cartas al Director

Puntos críticos en una eventual Defensoría de las Víctimas.

Eduardo Hidalgo Teillier

4 de enero de 2021


Quizás, para el entendimiento podamos separar en 4 grandes grupos a quienes intervenimos en el proceso penal, primero los funcionarios de la sala incluyendo al juez, luego los imputados, enfrentados al Estado por su supuesto delito, a la víctima buscando lo que considera “justo”, y luego a los abogados, entiéndanse como defensores privados, públicos, fiscales, patrocinantes o querellantes.

Esta semana escuchamos el anuncio de la creación de la Defensoría de las Víctimas, que dentro del lenguaje jurídico ya suena algo raro, la víctima no se debe defender en el proceso penal, la víctima ya fue ofendida y ahora es quien acciona e interviene en manera coadyuvante con el fiscal para obtener la sanción del imputado.

La víctima es quien da el primer impulso en la acción penal sin embargo, y con mucha razón, no existe una institución que vele exclusivamente por sus derechos, por lo que aceptaremos el término de “defensa” con fines de mejor entendimiento.

El fiscal es quien dirige el proceso y la investigación penal en representación del Estado, por el deber de mantener la seguridad pública y buscar el esclarecimiento y/o sanción de los delitos; el juez es la autoridad imparcial que recibe las pruebas y resuelve en virtud de ellas, la víctima es la persona ofendida, en general, y el imputado, es contra quien se vuelca todo lo anterior, dicho de otro modo, el imputado es el interviniente que se enfrenta al poder punitivo del Estado. Esto es clave para entender la diferencia entre la defensa de un imputado y la “defensa” de una víctima.

La víctima no se está defendiendo, está haciendo valer su acción en contra del imputado; en cambio el imputado, revestido por su inocencia hasta que se pruebe lo contrario, es quien se enfrenta al poder Estatal con sus largos brazos investigativos, gran patrimonio y cientos de funcionarios entre fiscales, ayudantes, pasantes, practicantes, policías, peritos, y un largo etcétera.

Pero el problema de la Defensoría de las Víctimas no se agota solamente en la forma falaz por la cual se concibe, sino que existen aspectos de su “propaganda” que deben desmitificarse -para no decir desmentirse- en pos de un sano entendimiento, y consta de 3 puntos. Primero. El diputado, abogado, Alessandri comentaba que las víctimas estaban cansadas de tener la asesoría de estudiantes en el proceso penal, lo cual es un imposible, debido primero a que solo abogados pueden comparecer en representación de las víctimas, y el caso de los practicantes que presten asesorías, son necesariamente egresados, no estudiantes, y tampoco comparecen.

Segundo. También se culpó a la falta de abogados patrocinantes de las víctimas que exista una sensación de poca justicia, lo cual no es así, ya que esa sensación parte desde la forma en la cual está diseñado nuestro sistema en la ley, para evitar la saturación de los (ya 15 al menos en Santiago) juzgados de garantía.

Tercero. Y muy de la mano con lo anterior, la mayoría de las causas que diariamente se tramitan en el sistema penal terminan en estos descompresores que se establecieron en el sistema, suspensiones condicionales, archivos provisionales, DNP, no inicio de investigación y otros, por distintos argumentos pero un solo motivo: descongestionar el ya congestionado sistema.

Presentar querellantes por cada víctima, le daría al sistema una carga imposible de soportar, la cual además sería una tarea ineficaz e ineficiente, porque seguramente terminarán en el mismo resultado, ya que el resultado (como se dijo en el punto 2) no depende del querellante.

Y estas críticas van acompañadas aún sin resolver temas importantes, como la política de querellas ¿Se presentará una por cada víctima?; el problema de cuál será el organismo, una especie de CAJ especializada en defensa de las víctimas, ¿una concesión de atención a víctimas?¿Con atención y representación además del seguimiento?; Y ¿Qué pasa con URAVIT?, estas y otras interrogantes quedan a la deriva en un proyecto que se planea ingresar en el primer trimestre del año 2021, pero que a juicio de varios (incluyendo a este autor) no tiene aun siquiera las bases para evitar que sea otro “elefante blanco” más en nuestra institución.

 

Eduardo Hidalgo Teillier

Abogado

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  1. Me parece muy lúcido y válido el análisis. Y demostrativo de la estrategia de show bussines de este gobierno. Pero, además de ello, perseverar en la estrategia punitiva sin trabajar en la prevención del delito, como lo hacen los países desarrollados, es, simplemente, asegurar la recarga del trabajo judicial, y, más grave, el aumento de la delincuencia.