Ad portas del proceso constituyente surgen muchas voces, muchas demandas en torno a revisar las institucionalidades, las normativas pertinentes, pero, sobre todo, a plasmar en la nueva Constitución todas las voces, todas las necesidades, todos los intereses y realidades de nuestro país, para que exista más inclusión, más justicia y se respeten las libertades de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de Chile. Pero, ¿qué ocurre con el mundo acuícola?

Chile tiene 4.200 km de costa, pero 83.850 km si consideramos las islas ligadas al continente. La pesca es una de las grandes actividades de producción de nuestro país, y sobre todo de nuestra región.

A lo largo de todo nuestro país, se desempeña la actividad pesquera como una de las principales fuentes de alimento y empleo para los pobladores que habitan en los centros urbanos y comunidades costeras. En cuanto a las características socioculturales de la pesca artesanal en Chile, se puede señalar que es una actividad heterogénea, con notables variaciones en sus características geográficas y climatológicas y, con ello, en sus adaptaciones culturales al medio.

La realidad de la Región de los Lagos, transita en ese mismo sentido. Nuestra riqueza pesquera es abundante, destacando la producción de mariscos y capturas de diversas especies.

Hacia el sur de la Provincia de Llanquihue y en la Provincia de Chiloé se ha desarrollado la actividad pesquera extractiva e industrial, además de la salmonicultura.

Históricamente los pescadores artesanales han estado marginados por parte del Estado, los diversos gobiernos de turno sólo han contemplado medidas asistencialistas, que no apuntan a los cambios estructurales reales que la pesca necesita para avanzar hacia un sector pesquero artesanal más justo y equitativo.

A esto hay que sumar que el entendimiento en materias pesqueras por parte de los legisladores ha sido prácticamente nulo, lo que ha perjudicado gravemente los intereses de los trabajadores.

A modo ilustrativo, a nivel nacional, el 69 % de las principales pesquerías están en mano de cuatro empresas pertenecientes a 7 familias, y apenas el 31 % de la cuota de pesca está en manos del sector artesanal, que corresponden a cerca de 100 mil pescadores; y como consecuencia de la depredación industrial, que el 70 % de las pesquerías estén sobreexplotadas o colapsadas. (Deterioro paulatino que empezó a mediados de la década del 2000 por la crisis del jurel).

Ahora bien, cuáles son los mínimos esperables o cómo se debiese avanzar en la materia:

1. Otorgar derechos de pesca al sector artesanal, en particular a los armadores grandes. Actualmente cuentan con derechos muy precarios que no se condicen con la importancia de dicho grupo en términos de su capacidad extractiva.

2.Fortalecer la investigación, la fiscalización y proteger los ecosistemas marinos vulnerables.

3. El desarrollo de la salmonicultura, de la miticultura y la pesca, deben plantear un enfoque ecosistémico que sea amigable con el entorno y la biodiversidad. En este sentido se debe implementar una nueva política nacional de acuicultura, cuyas bases se sustenten en principios de economía circular, eficiencia productiva, y responsabilidad social y empresarial.

La poca visibilización de las mujeres en las actividades relacionadas con la pesca y la acuicultura tiene consecuencias directas en cuanto a las escasas políticas públicas dirigidas a ellas. Hoy en día ocupan el 80 % de lo que es la mano de obra asociada a recolectores de orilla, por lo que debe existir un reconocimiento a su rol en la pesca artesanal.

4. Finalmente, el proceso constituyente es el momento preciso para revisar la
institucionalidad y discutir sobre la eventual creación de un Ministerio del Mar o un Ministerio de Acuicultura, Pesca y Ordenamiento del Borde Costero.

 

Alejandra Westermayer Fuentes

Abogada y candidata a Constituyente por el Distrito 26