Cada día conocemos nuevas renuncias de funcionarios involucrados en el escándalo de las licencias médicas fraudulentas. Sin embargo, el hecho de aceptarlas sin antes instruir sumarios administrativos trae como consecuencia la extinción de la responsabilidad administrativa y, con ello, la posibilidad de aplicar sanciones como la inhabilidad para ejercer cargos públicos por cinco años.

Quienes atentaron contra la probidad no pueden simplemente abandonar el cargo sin consecuencias. Es deber de los jefes de servicio retener estas renuncias y dar inicio a los procedimientos sancionatorios correspondientes. Facilitar la salida sin sanción no es solo una omisión legal: es una forma de impunidad.

Alexander Linford Child

Profesor de Derecho Administrativo