A la fecha es factible sostener que ya se enraizó en el colectivo la idea de que Chile necesita de un nuevo pacto social -producto de un Gran Acuerdo nacional- cuyos contenidos debidamente concertados queden incorporados en el texto de una nueva Constitución Política, no contaminada por disposiciones encubiertas como ocurre en la actual Carta Magna.
Es vital, para ello, que los Convencionales electos – aparte de conocer el tema- sean en su mayoría miembros de todos los sectores políticos, para que aporten al debate todas aquellas proposiciones que sirvan para fijar la estrategia socio-económica de un Estado activo, que asuma su responsabilidad política primordial reflejada en leyes de seguridad social, dictadas esencialmente para los sistemas de educación, de salud, de previsión y de seguridad. Un Estado que, además, tenga la iniciativa responsable de estimular el crecimiento del País, facilitar su estabilidad económica y asegurar las fuentes laborales; velando porque los beneficios resultantes sean un efectivo factor de progreso para todos sus habitantes a fin de que, mediante ese trabajo seguro, eficaz y honesto, se pueda generar un ámbito de libertad, de igualdad, de respeto y tolerancia con hechos concretos e imprescindibles. Todo ello, al margen de la actividad privada a la cual debe darse cabida en el sistema con la debida fiscalización del Estado.
Los Convencionales deben estar convencidos de que la nueva Carta debe garantizar la justicia social e impedir los privilegios de toda clase los que, por sí mismos, son como el “virus endémico” de la desigualdad, la que hoy día se ha desnudado en toda su intensidad en medio de los avatares de la pandemia; una intensidad que, a muchos, sorprendió y a otros “recién se les hizo visible”. La Igualdad, la libertad y la solidaridad forman una tríada que siendo muy necesaria no nace en forma espontánea en la sociedad humana, por el contrario, para introducirla en la práctica de los grupos comunitarios se ha necesitado de mucho tiempo, de muchos esfuerzos y de la ocurrencia de muchas etapas trágicas como las que nos narran la historia del mundo y del hombre. De este hombre que, desde el momento en que abandona el nomadismo y se asienta agrupadamente en un determinado lugar del planeta ha tenido la necesidad forzosa de tomar acuerdos -simples o más complejos- con sus semejantes, para adaptarse a vivir en sociedad y colaborar en la búsqueda del bienestar de todos sus miembros sin ninguna discriminación.
Por ello, un Pacto Social requiere que los Constituyentes estén debidamente ilustrados y conscientes de los alcances del acuerdo, en tanto este tipo de convención implica que el ciudadano necesita renunciar a parte de su libertad natural y, al mismo tiempo, sentirse obligado a preocuparse de la equidad de derechos de todos los miembros de la comunidad, única forma efectiva de hacer realidad el propósito superior de preservar el bien común. Bien común que sólo puede ser privilegiado por un Estado Democrático que asuma una posición activa ante la desigualdad prevaleciente que se busca superar.
Los Convencionales deben ser efectivos constructores del texto de una nueva Carta Magna, que sea convocante para toda la ciudadanía que debe participar y sentirse parte del proceso de cambio que se definirá en los próximos actos electorales del mes de abril y siguientes para buscar una salida a la crisis política, económica e institucional instalada en nuestro País que se expresó masivamente en la protesta generalizada de Octubre de 2019, fecha en que se hizo presente la insatisfacción de una clase media que se siente desprotegida y que, con mayor razón sienten los más pobres y desvalidos de la sociedad; todos ellos víctimas de la desigualdad en la distribución de la riqueza que genera el país, la cual se ha aglomerado en demasía por la ambición de muchos que, entre sus “mañosas” prácticas eluden sin ética sus aportes tributarios al Fisco.
Eduardo Andrés Zuchel Muñoz