Cartas al Director

Una mirada al proceso electoral en México.

Rafael Rodríguez Campos

11 de abril de 2022


El domingo 10 de abril de 2022 los electores y electoras de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante: México), en el marco del proceso electoral “Revocación de Mandato 2022”, concurrieron a las urnas para responder la siguiente pregunta: ¿Estás de acuerdo en que, a Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?

Como puede apreciarse, la Revocatoria de Mandato es un instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño de la persona titular de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de la confianza. En este proceso el Instituto Nacional Electoral (en adelante: INE) es el encargado de llevar a cabo la promoción del voto, garantizando la observancia de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, paridad y perspectiva de género.

Al respecto, por la importancia que este proceso electoral tiene para la vida política de México (por ser el primero en su historia) consideramos oportuno exponer algunos apuntes sobre el mismo. En principio, hablaremos de los resultados alcanzados en esta jornada electoral. Luego, comentaremos -con mucha preocupación- los problemas que tuvo que afrontar el INE para sacar adelante un proceso en el que claramente no contó con el apoyo de los Poderes Federales: Poder Ejecutivo y Poder Legislativo (específicamente, la Cámara de Diputados). Es más, hasta podríamos afirmar que ambos poderes políticos SE encargaron de entorpecer la labor del INE.

Los resultados de la jornada electoral 

En el comunicado emitido por el INE se señaló que el Conteo Rápido de este organismo electoral, elaborado con una muestra de 1,830 casillas de las 57 mil 448 que se instalaron, arrojó que la participación ciudadana en este primer ejercicio de Revocación de Mandato fue de entre 17% y 18 % del total de la Lista Nominal (Padrón Electoral en el Perú). En otras palabras, solo 2 de cada 10 electores hábiles decidieron concurrir a las urnas para ejercer su derecho de sufragio.

Sobre el particular, debemos tener presente que la Lista Nominal en México estuvo compuesta por 92 millones de electores (aproximadamente). Entonces, fueron 16, 560, 000 (aproximadamente) las personas que participaron en esta jornada electoral en la que se definía la permanencia en el cargo de AMLO. Ahora bien, según los reportes del propio INE, de ese universo de votantes entre el 6.4% y 7.8% apostaron porque se le revoque el mandato al presidente por pérdida de la confianza, mientras que entre el 90.3% y 91.9% eligieron que siga en la Presidencia de la República. A su turno, cabe precisar que los votos nulos estuvieron entre el 1.6% y 2.1%, respectivamente.

Como era de esperarse, a la luz de los resultados obtenidos, tanto el partido oficialista (MORENA) como la oposición han presentado diferentes lecturas sobre los mismos. Para AMLO y MORENA la jornada electoral ha sido muy positiva dado que 9 de cada 10 votos respaldaron la permanencia del Presidente de la República en el cargo. Para este sector, la ciudadanía en las urnas le ha propinado un duro golpe a la oposición.

En cambio, para la oposición el panorama es distinto ya que los casi 15 millones votos de respaldo que habría obtenido AMLO representan apenas la tercera parte de los más de 45 millones de votos que obtuvo en 2018. En otras palabras, para la oposición la reciente jornada electoral marca un claro retroceso en el respaldo político que la ciudadanía la concede al Presidente de la República, pero también la pérdida de capacidad de MORENA para movilizar al electorado en un país en el que el sufragio es voluntario.

Queda claro entonces, como lo advierten los medios mexicanos, que se trata de un proceso que sirve de termómetro para lo que serán las Elecciones Federales de 2024 en las cuales se renuevan los poderes federales de elección popular: En el Poder Ejecutivo se renueva el cargo de Presidente de la República, y en el Poder Legislativo los miembros del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, respectivamente.

El Gobierno de AMLO y MORENA contra el INE

Pero más allá de los resultados alcanzados en esta jornada electoral, quienes estamos vinculados al campo electoral en la región hemos visto con suma preocupación la manera cómo sectores cercanos al Gobierno de AMLO y MORENA buscaron -desde un inicio- obstaculizar la labor del INE como si el organismo electoral o sus dignos consejeros fueran los directamente responsables del éxito o fracaso político del Presidente de la República.

Por ejemplo, según lo expuso el Doctor Lorenzo Córdova Vianello, Presidente del Consejo del INE, diferentes voces afines al oficialismo difundieron una serie de falacias sobre el INE buscando desprestigiarlo como organismo electoral, cuestionando su legitimidad para sacar adelante un proceso con independencia e imparcialidad. Así, entre las mentiras que con mayor frecuencia se propalaron tenemos a las siguientes:

a) El INE no quiere instalar el número de casillas que establece la legislación.

b) El INE esconde el lugar donde se instalarán las casillas.

c) El INE instala casillas solamente en zonas conurbanas de altos recursos económicos.

d) El INE no promociona la realización de la revocación de mandato y no promueve la participación ciudadana.

e) El INE no tiene el número suficiente de boletas en cada una de las casillas.

Sobre este punto, además de señalar que ninguna de las voces y sectores que lanzaron estas acusaciones presentaron pruebas que de manera objetiva acreditaran la verosimilitud de tan graves imputaciones, lo cierto es que el Congreso mexicano no dotó de los recursos necesarios al INE para la organización de este proceso electoral. Basta recordar que el INE solicitó una partida presupuestal de 3 mil 830 millones de pesos; sin embargo, la Cámara de Diputados no autorizó los recursos, y apenas otorgó un presupuesto de 830 millones de pesos (menos de la tercera parte requerida).

Luego, cuando el INE solicitó formalmente los recursos faltantes a la Secretaría de Hacienda (Poder Ejecutivo), estos fueron negados sin fundamentación o motivación alguna, y con una propuesta de “plan de austeridad” calculada sin rigor técnico ni información real sobre las necesidades presupuestales para la organización de la Revocación de Mandato, como lo ha señalado públicamente el INE el 07 de abril de 2022 en el comunicado “Posicionamiento de las consejeras y consejeros electorales” en el cual se demostró que el INE cumplía cabalmente con la organización y difusión de la revocación de mandato, haciendo un llamado a la ciudadanía a participar en dicho proceso electoral, a pesar de no contar con los recursos necesarios para ello.

Por último, resulta lamentable que una de las características de este proceso electoral haya sido la violación permanente de las normas que regulan la difusión de propaganda gubernamental y el principio de imparcialidad al que están obligadas los funcionarios públicos pues debemos recordar que la reforma constitucional de 2019 prohibió la difusión de propaganda gubernamental a partir de la emisión de la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada de votación, y ordenó que no se emplearan recursos públicos ni partidistas en un ejercicio que debía ser plenamente ciudadano.

Finalmente, parece que los servidores públicos olvidaron que las restricciones a la propaganda gubernamental y las limitaciones a las expresiones de servidores públicos no las decidió el INE, sino el Poder Legislativo, que las puso en la Constitución y la ley. Queda claro entonces que el INE no buscaba censurar a nadie; simplemente trató de apegarse a su obligación legal de hacer valer las leyes vigentes, como lo manifestó expresamente en el comunicado antes referido.

 

Rafael Rodríguez Campos

Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Castilla – La Mancha (Toledo – España). Posgrado y estudios de maestría en Ciencia Política y Gobierno en la Escuela de Gobierno y Política Públicas de la PUCP. Especialista en Justicia Constitucional, Interpretación y Aplicación de la Constitución en la Universidad Castilla – La Mancha (Toledo – España). Especialista en Elecciones, Representación Política y Gobernanza Electoral por la Universidad Autónoma de México (UNAM). Miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional.

 

 

 

 

 

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