Se dedujo acción de protección en contra de la Juez Suplente del Juzgado de Familia de San Fernando, por parte de un trabajador agrícola, a fin de que se declarara ilegal y arbitraria la resolución dictada en un procedimiento por violencia intrafamiliar, todo lo cual constituiría una vulneración del derecho a la vida e integridad física y psíquica, del derecho a la igualdad ante la ley, del derecho a no ser juzgado por comisiones especiales y del derecho de propiedad.

La Corte de Apelaciones de Puerto Montt, acogió parcialmente y por unanimidad amparo deducido por la Defensoría Penal Pública, en favor de tres internas del Complejo Penitenciario de Puerto Montt, a quienes se les aplicaban medicamentos sin prescripción médica.

La Corte Suprema, conociendo de la apelación de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, revocó el fallo de primera instancia y acogió el arbitrio constitucional.

La Corte Suprema, conociendo de la apelación de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Talca, confirmó el fallo de primera instancia y acogió el arbitrio constitucional.

El TC acogió parcialmente dos requerimientos –Roles 2365 y 2437– que impugnaban los artículos 48 y 108, letra b) de la Ley N° 19.039 de propiedad industrial.

Se dedujo acción de protección en contra del Director de Obras Municipales de la Ilustre Municipalidad de Chimbarongo, por parte de un particular, a fin de que se declarara ilegal y arbitraria la Ordenanza N°31, de 2013.

Se dedujo acción de protección en contra del Ministerio de Educación y de la Municipalidad de Quirihue, por parte de una profesora jubilada, a fin de que se declarara ilegal y arbitrario el Decreto N° 1213, la Resolución Exenta N° 3612 y el Convenio celebrado al alero del artículo 18 de la Ley N° 20.501, […]

Se dedujo acción de protección en contra de la Municipalidad de Andacollo, por parte de una comerciante, a fin de que se declarara ilegal y arbitraria la decisión de no renovar la patente de alcoholes clase F N°400032-7.

Se dedujo acción de protección en contra de algunos socios de una sociedad educacional.

«…este Tribunal analizó extensamente el valor constitucional de la restricción que ese precepto legal impone, en cuanto impide la reparación del daño puramente moral causado por imputaciones injuriosas contra el honor o el crédito de una persona».