Ordena que la recurrida haga entrega a la recurrente del formulario de formalización de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiados.
A la autoridad administrativa denunciada no le asiste a la obligación de renovar los servicios a contrata de la parte recurrente.
No es procedente invocar un desconocimiento de las normas legales.
No se encuentra acreditado que los hechos invocados en el recurso constituyan un acto arbitrario o ilegal por parte de la Contraloría General de la República.
No se vislumbra vulneración actual de los derechos constitucionales que se acusaron transgredidos.
La acción de protección debe ser rechaza porque la prescripción debe ser alegada y declarada.
Se ordenó al Departamento de Migración y Extranjería admitir a tramitación la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado del actor.
No se divisa ilegalidad o arbitrariedad en la actuación impugnada.
Se descartó equivocación en la aplicación de la norma que gobierna la determinación de la cuantía de la multa.
No renovación de contrata constituye un acto ilegal que vulnera igualdad ante la ley.
